Vivienda: ¿Más desregulados que Estados Unidos?

Jerez

Estados Unidos vive la peor crisis inmobiliaria de los últimos 20 años y la vivienda se ha colado con enorme fuerza en la campaña electoral de las presidenciales del 5 de noviembre. Kamala Harris promete ayudas de 25.000 dólares para nuevos compradores, construir tres millones de casas, además de alquileres asequibles. Trump habla de eliminar normativa para suprimir costes, habilitar terrenos federales para edificar a gran escala y, más al estilo del trumpismo, deportar a millones de inmigrantes para colocar en el mercado casas vacías. Ya a principios de verano, cuando era aún candidato, Joe Biden comprometió limitar la subida de los alquileres a un 5%. Así se abrió paso el tope de los precios en una de las economías más liberalizadas del mundo.

Los estadounidenses, con un salario medio de 80.000 dólares, necesitan 5,4 años de sueldo para pagar una vivienda y esto dispara la preocupación de la población; los españoles, tras encajar una subida de tarifas de las casas del 42% desde 2015, debemos destinar para abonar un piso bastante más, 6,3 años de ingresos. La diferencia es de casi un año, 14 puntos porcentuales. En el caso de los alquileres, la diferencia es aún más amplia.

Ante un mismo problema, mientras que uno de los países más desregulado del planeta habla de limitar las subidas de precios del alquiler, en España andamos en otra bronca por el cumplimiento de una ley de vivienda que recoge la limitación de tarifas solo en zonas tensionadas y solo como una medida voluntaria.

Mientras permitamos que la compra de pisos sea una mera herramienta de inversión; mientras el Estado destine a vivienda el 0,7% del presupuesto y menos del 1% del PIB; mientras la ayuda estrella del Gobierno sea un bono de alquiler joven de 200 euros; mientras la vivienda social en España represente el 2% frente al 10% que alcanza en Europa; mientras el objetivo de la Junta de Andalucía sea sacar al mercado del alquiler 20.000 viviendas públicas en una comunidad autónoma con un déficit de 90.000; mientras los Ayuntamientos renuncien a construir VPO por la obsesión de destinar el dinero público a rellenar el calendario anual de fiestas y eventos; mientras las Diputaciones, la administración más saneada, ni mencionen la política de vivienda en los municipios de menos de 20.000 habitantes; mientras la financiación de las familias solo dependa del crédito que les conceda una banca privada, seguiremos frustrando millones de proyectos de vida. Y no hay mayor fracaso para un país de progreso.