Piden en Málaga cuatro años de prisión por insultar y amenazar a un joven por su orientación sexual

Málaga

Un hombre se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y siete meses de prisión por un presunto delito de odio y supuestas amenazas a otro por su orientación sexual, así como a una amiga de este último que lo defendió cuando ocurrieron los hechos en el transcurso de un viaje en autobús. En el escrito acusatorio del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, se indica que el acusado viajaba en un autobús que iba de Sevilla a Málaga y justo delante se encontraban la víctima y una amiga. Al poco de emprender el viaje, "como quiera que el procesado supo que el hombre era homosexual" comenzó a dar golpes en el asiento delantero y a insultar.

"Con evidente ánimo de menoscabar su integridad moral y causar humillación y temor a la víctima", el procesado, según el fiscal, repitió los golpes e insultos durante las dos horas que duró el trayecto con incesantes y humillantes referencias a la homosexualidad. En un determinado momento durante el trayecto, la amiga le pidió que cesara en su actitud y le dijo que había que respetar la orientación sexual de las personas, pero el acusado supuestamente redobló sus gritos, con frases como: "me gusta la sangre, si queréis plomo os lo voy a dar, tengo el corazón negro y la cabeza mala", lo que repitió en numerosas ocasiones y causó "gran temor" en las dos víctimas.

El fiscal destaca que el acusado actuó en todo momento motivado por el rechazo que la orientación sexual del hombre le suponía y que hizo extensiva a la amiga cuando ella exteriorizó su apoyo. Las víctimas no se atrevieron a llamar a la Policía y tuvieron que pedir ayuda con un mensaje a la madre de la mujer, que requirió presencia policial.

Para el fiscal los hechos son constitutivos de un delito de odio por el que ha solicitado un año y nueve meses de prisión y dos delitos de amenazas, por los que ha pedido un total de dos años y diez meses de cárcel. La acusación pública también insta a que se acuerde prohibición de acercarse a las víctimas, a sus domicilios o lugares de trabajo y que indemnice al perjudicado con 1.000 euros por el daño moral.