Colectivos de personas con discapacidad de la provincia se suman a las movilizaciones “por una financiación justa y sostenible”
Entidades como Fejidif se manifestarán este jueves en sus respectivas sedes
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Linares
Entidades de personas con discapacidad de toda Andalucía emprenden movilizaciones para reclamar a la Junta un nuevo modelo de financiación que garantice su supervivencia. Hoy representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) han dado a conocer el calendario de acciones que se llevarán a cabo si no revierte una situación que está suponiendo una amenaza para las asociaciones que se dedican a “hacer valer los derechos de las personas con discapacidad”.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Jaén (Fejidif) es una de las entidades de la provincia que se suman al calendario reivindicativo que se inicia este 24 de octubre, con la lectura de manifiesto en sus respectivas sedes. “Durante el Covid se nos pidió un sacrificio en materia de financiación y esa situación no sólo no se ha repuesto, si no que se ha visto agravada por un progresivo incremento de los precios, que nos ha llevado a una situación muy difícil”, ha explicado la presidenta de Fejidif, Pilar Martínez, en Hoy por Hoy.
Por ello, se reclama un nuevo modelo para "una financiación más justa" de los servicios y atención esenciales que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su prestación y "adecuarla además a sus costes reales, gastos que tienen que soportar las entidades". En el caso concreto de Fejidif, “tenemos una necesidad económica de cerca del 50 por ciento de lo que realmente gastamos”, ha indicado Martínez, insistiendo en el valor de los servicios que prestan las asociaciones como “pilar que sostiene la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad”.
El manifiesto también recoge la reivindicación ante el Gobierno de España para la elaboración y aprobación de un Pacto de Estado que garantice la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Asimismo, hace una “llamada a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha”.