El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de ley de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2025, que prevé una creación de 72.000 empleos y bajar la tasa de paro al 15,5 % de la población activa con unas cuentas expansivas que crecen un 4,4 % respecto a las de este año y se elevan a 48.836 millones de euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha explicado que estas cuentas, que ha trasladado ya al Parlamento de Andalucía, congelan la inversión para 2025 con una partida de 5.809 millones, de la que la mayor parte procede de fondos europeos y 1.084 millones de autofinanciada, es decir, de recursos propios de la Junta. Del presupuesto, que proyecta un crecimiento económico «prudente» del 2,4 % el próximo año y el equilibrio presupuestario sin incurrir en déficit, la consejera ha destacado la apuesta por las políticas sociales, ya que se destina el 62 % del gasto total a sanidad, educación y dependencia, y también por el tejido productivo, con 6.700 millones, un 5,5 % más que este año. Según la consejera, son unas cuentas que «ayudan a seguir transformando a Andalucía» y se centran en mejorar los servicios públicos esenciales -sanidad, dependencia y educación-, el empleo, las infraestructuras hidráulicas para paliar la sequía y la vivienda, a pesar de que «faltan 1.522 millones por la infrafinanciación del sistema de financiación autonómica». De los 48.836 millones, un total de 28.540 millones proceden del sistema de financiación autonómica, un 3,7 % más (1.000 millones más) y 23.397 millones se obtienen por ingresos tributarios. En este sentido, la consejera ha alertado contra la teoría de que el incremento del presupuesto se debe a los fondos que transfiere el gobierno socialista por la financiación autonómica, ya que ha aclarado que son recursos procedentes de los impuestos que pagan los andaluces «y no que nos dé nadie; ni Pedro Sánchez nos lo da ni nos lo quita». De hecho, ha indicado que más de las tres cuartas del presupuesto se financia con recursos propios (37.136 millones, un 4,4 % más que en 2024). Las transferencias finalistas suman para el próximo ejercicio 1.210 millones, un 2,5 % más, y los ingresos que llegan del gobierno central para la dependencia ascienden a 768 millones, un 9,7 % más (68 millones más). No obstante, ha matizado que el gobierno aporta el 33 % de la financiación y la Junta el 67 %, por lo que la administración autonómica ha puesto de más 4.000 millones para cubrir «la parte que no pone el ejecutivo» central. También los ingresos presupuestarios se nutren de los fondos europeos -los estructurales y el mecanismo de recuperación y resiliencia MRR- por lo que se obtiene 5.140 millones en 2025, que representan el 10 % del total. De un montante total de 48.836 millones, casi 34.000 millones se destinan a gasto social, de forma que el 63 % o seis de cada diez euros se gastan en educación, sanidad, vivienda, igualdad, empleo y familia. Al tejido productivo se dirigen 6.700 millones, un 5,5 % más, y a la vivienda más de 800 millones, de los que 526 millones son para la construcción y 300 millones para incentivos fiscales, lo que supone, según la consejera, una apuesta real por la vivienda y por los jóvenes. Las políticas de agua con la ejecución de infraestructuras hidráulicas se llevan 555 millones, un 10 % más que este año; a las de investigación, innovación y desarrollo corresponden 1.100 millones, un 11 % más, y las partidas para cooperación y financiación de los ayuntamientos y entidades locales contarán con 3.972 millones. De esta forma, el gasto no financiero crecerá un 5,2 %, casi un punto más que la media del presupuesto, hasta 45.245 millones, y se reduce el financiero un 4,4 % como consecuencia de que se rebaja el endeudamiento un 47 % y la deuda total se eleva a finales del tercer trimestre a 40.613 millones, el 12 por ciento del total de las comunidades. En este sentido, la consejera ha incidido en la apuesta de la Junta por ahorrar en gastos «innecesarios» como su política patrimonial con la que ha obtenido ingresos de 83 millones por la venta de patrimonio y de casi 36 millones por recomprar edificios vendidos en la anterior etapa socialista y que posteriormente alquiló, así como en las ventas de algunas residencias de tiempo libre. La Consejería de Sanidad, con 15.247 millones y un incremento del 6,9 %, se lleva un tercio del presupuesto total para mejorar la atención primaria, las listas de espera y la sanidad en general, sobre todo por el incremento de la plantilla en casi 7.000 efectivos, ha explicado Carolina España. La Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad contará con un presupuesto total de 3.343 millones, con un fuerte incremento del 12 %, y en el que la agencia de la dependencia ha duplicado su dotación desde 2018 -con el anterior gobierno socialista- y contará con 2.231 millones para 2025. La Consejería de Desarrollo Educativo y las partidas destinadas a financiación de las universidades públicas andaluzas ascienden a 10.901 millones, con 354 millones de incremento respecto a 2024, y una fuerte apuesta por la formación profesional.