Sociedad

El Tribunal Central de Recursos Contractuales avala al Ministerio de Transportes para encargar a Ineco la construcción del puente de la SE-40

La resolución del Tribunal solo estima del recurso de la patronal de ingeniería que el contrato no incluya la tecnología BIM

Archivo - Recreación digital del puente de la SE-40 - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

Sevilla

La resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales desestima la práctica totalidad de las peticiones que hicieron las patronales del sector de la ingeniería CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA), CEACOP y ASECI contra la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de encargar a la empresa pública Ineco la contratación de la redacción de los proyectos constructivos del puente previsto para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, al objeto de salvar el cauce del Guadalquivir, por algo más de once millones de euros.

Fuentes del ministerio aseguran a la SER que el tribunal solo estima como defecto formal que el contrato no incluya la tecnología BIM. Una cuestión de carácter administrativo que ni anula el contrato ni obliga a una nueva licitación y que el ministerio subsanará para reactivar los trabajos en pocas semanas.

Además consideran que esta resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales refuerza la idea de que los encargos a medios propios, como el INECO, son legítimos y no requieren excepciones especiales.

En su recurso, las patronales esgrimían "la ausencia de justificación de que el encargo, supuestamente, representa una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública"; así como "la falta de concurrencia de las razones de seguridad o de urgencia que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación". También alegaban "la infracción del límite legal del 50 por ciento de la subcontratación previsto en el artículo 32.7.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, por pretender subcontratar gran parte de los servicios en un porcentaje del 60,87 por ciento, sin la debida motivación de las supuestas excepciones que permitirían subcontratar por encima del tope". También argumentaban "la falta de inclusión de la metodología BIM en la redacción y supervisión de los proyectos, pese a su carácter obligatorio".