Los funcionarios malagueños exigen un acuerdo para que MUFACE siga prestando asistencia sanitaria privada a 60.000 beneficiarios en esta provincia

Málaga

Cerca de treinta mil funcionarios en Málaga y otros tantos familiares de estos viven con incertidumbre el futuro sobre su atención sanitaria. La Mutualidad de funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, lleva funcionando más de medio siglo en España y permite a los funcionarios del Estado, sobre todo personal docente, acogerse a un seguro privado sanitario que los cubre, por una cuota reducida, tanto a los titulares como a sus familiares.

Pero, como saben, la última licitación ha quedado desierta. Los casi 1.400 millones de euros que puso el Ejecutivo Central para garantizar la sanidad privada a un millón y medio de funcionarios el próximo año no ha sido atendido por las aseguradoras que dicen que es insuficiente porque pierden 200 millones de euros al año.

Así que cerca de 60.000 beneficiarios en Málaga quedarán en el limbo a partir del 31 de enero próximo.

El sistema permite a los funcionarios elegir si quieren ser atendidos por la sanidad pública o privada, el setenta por ciento se decanta por esta última.

Según el Colegio de Médicos de Málaga un paciente con cobertura privada le cuesta al Estado 1.013 euros anuales, en la pública sería alrededor de 1.736€.

El Gobierno ha pedido a las aseguradoras que precisen a qué precio prestarían el servicio de MUFACE y, de hecho, desde las doce del mediodía ha colgado esta consulta en la plataforma de contratación pública. Las compañías interesadas tienen 10 días para contestar.

Y la solución no pasaría por absorber ese millón y medio de pacientes, aseguran desde el sindicato independiente de funcionarios CSIF en Málaga y desde la organización colegial, porque causarían un incremento de las listas de espera en un 266 por ciento y del 115 por ciento en las intervenciones quirúrgicas, según Carlos Bueno, representante de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Málaga:” Yo abogo por el acuerdo entre las compañías y los ministerios, porque beneficia a todos; a las compañías, porque a pesar de las pérdidas que refieren es un volumen de negocio importante que da actividad a hospitales y a médicos, yo creo que beneficia al Estado, porque es un ahorro dado el coste del paciente en el sistema general, de unos 1.700 euros y de 1.100 euros cuando es de MUFACE y ,sobre todo y fundamentalmente beneficia a los pacientes, que por ejemplo en Málaga en el 80% de ellos eligen la opción de la compañía aseguradora. Y yo creo que este es el núcleo, yo creo que nos estamos olvidando un poquito de que el objetivo del sistema de salud es el paciente, y yo creo que se está contando muy poco con los colectivos del paciente y la opinión de éstos en relación con el tema”.

La central sindical CSIF en Málaga mantiene que esta asistencia privada no es un privilegio sino un derecho de los funcionarios cuando aprueban sus oposiciones y rechaza que la sanidad pública pueda absorber este número de usuarios, lo dice Francisco Javier Domínguez, presidente del sindicato en Málaga:” MUFACE es un derecho que tienen los empleados públicos cuando aprueban sus oposiciones. El Gobierno está intentando castigar ese derecho que tienen los empleados públicos. A nosotros nos sorprende mucho que el Gobierno diga que puede asumir ese volumen de pacientes que recaerían sobre la Seguridad Social, cuando ya de por sí estamos colapsados, muy cortos de médicos, enfermeros, operadores, y que diga que pueden asumir en las comunidades autónomas ese volumen tan grandísimo de pacientes, cuando ya de por sí hay una demora enorme en la atención primaria, en pruebas o en las listas de espera, es inasumible ahora mismo, sería un colapso total en la sanidad”.

Entretanto los usuarios están viviendo con incertidumbre esta situación, es el caso de Federico Pérez, un docente con dos hijos: “La incertidumbre que tenemos todos los compañeros, no sabemos cómo quiere el Gobierno solventar esta situación, entiendo que la Seguridad Social no puede absorber a todos los funcionarios, y en mi caso que pertenezco a DKV, ya se nos ha informado que no continuará, desconocemos si el resto de las compañías, si deciden continuar, pueden hacerse cargo de los compañeros que pertenecemos a DKV. Personalmente, me encuentro con un tratamiento por artrosis en ambas caderas y ahora mismo lo he paralizado por no saber quién continuará este proceso y por otro lado y lo que más me preocupa es la cobertura de mis hijos, sobre todo por su pediatra y la asistencia a urgencias que en sus edades suele ser continua”.