Barrientos califica de aberración el caso Astapa y defiende su actuación al frente de la alcaldía de Estepona

Málaga

El exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos defiende que su actuación al frente del ayuntamiento fue legalmente impecable y generó ingresos adicionales de cien millones de euros en las arcas municipales según refleja la sentencia del caso Astapa

Los convenios con promotores fue la piedra angular sobre la que pivotó el caso Astapa, ahí nacían los favores a los constructores que pagaban a cambio de ellos y así se ha mantenido durante 17 años en la acusación de este procedimiento.

Sin embargo, la sentencia rechaza este argumento, descarta la corrupción político-urbanística, se siguieron los cauces legales y cuando había varias opciones se eligió la más favorable a las arcas municipales, hoy el principal acusado Antonio Barrientos ha querido reivindicar su actuación:” Que la sentencia reconoce la escrupulosa legalidad de todos los convenios urbanísticos, y constata además que se obtuvieron, gracias a la buena gestión de mi Gobierno, unas plusvalías extraordinarias de más de 100 millones de euros para el pueblo de Estepona, para las arcas públicas…que Antonio Barrientos fue un alcalde honesto, íntegro y decente, que pude meter la pata, pero que jamás metí la mano”.

Un procedimiento que el exalcalde ha calificado de aberración y atrocidad, que se ha saldado con 15 condenados a penas menores del más de centenar de investigados y con un alto coste personal, familiar y laboral, asegura Barrientos:” Después de 18 años y de esta atrocidad, de esta aberración, de este sufrimiento que hemos pasado, que ha habido gente que se ha quedado en el camino, que se ha suicidado, que ha habido ruinas de personas a nivel profesional, que ha habido gente que ha tenido problemas y ha enfermado y ha tenido problemas psicológicos, gente que ha tenido infartos, gente que se ha quedado en el camino, muchas destrucciones de muchas familias por esta infamia, como se ha quedado demostrado al final, entonces, algo me tenían que buscar”.

El alcalde condenado a cinco meses de suspensión de empleo o cargo público y 40.000 euros de multa por aceptar regalos sin contrapartida ha rechazado que así fuera, reiterado que recurre la sentencia en casación al Supremo y niega, de plano, que vaya a volver a la política activa.