El fiscal de Memoria Democrática de Cádiz: "Queremos acercarnos a las víctimas"

Cádiz

José Miguel Ruiz Mota compatibiliza su labor diaria en la Fiscalía de Cádiz, donde lleva fundamentalmente temas sobre narcotráfico, con una nueva especialidad desde hace dos meses. Es el nuevo fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cádiz, un cargo recogido en la ley estatal con el que se quiere contribuir a ayudar en la meta de reparar el daño a las víctimas que dejó el régimen franquista.

Pregunta. Desde septiembre es usted fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cádiz, un puesto para el que usted de postuló. ¿Qué le interesaba de este cargo?

Respuesta. Porque me parece una especialidad muy interesante que acerca la Fiscalía a las víctimas, unas víctimas muy concretas que son las que van desde la Guerra Civil en 1936, hasta la llegada de la democracia, que es lo que contempla la ley de Memoria Democrática. Me parecía un desafío y un sector poco explorado, que me permitía acercarme a las víctimas como fiscal.

P. Usted lleva desde 2010 en la Fiscalía de Cádiz haciendo labores muy diferentes...

R. Sí, las labores propias de un fiscal, y, en mi caso, en Antidroga, que en esta zona tiene mucho trabajo.

P. La creación de las fiscalías provinciales de Derechos Humanos y Memoria Democrática es algo muy reciente dentro del marco jurídico de España dentro de la ley estatal de Memoria, dentro del objetivo de lo que se ha venido a llamar "justicia reparativa". ¿Qué responsabilidad asume? ¿Qué casos puede abordar?

R. Lo primero es estar del lado de las víctimas, la mayor parte de ellas representadas en asociaciones. De hecho, estoy en la fase de recabar información de las asociaciones para saber qué es lo que demandan. Después, una justicia reparativa y restaurativa. Los principios de la ley son verdad, justicia y reparación. Añado también la no repetición. Con arreglo a esos parámetros tenemos la vía penal, donde se tienen que estudiar las querellas de hechos que se cometieron en esa época y que afectan, lógicamente, a los descendientes de aquellas víctimas que ya no están. En muchos de estos casos ya los responsables tampoco están. En el ámbito civil también podemos actuar en nuevos procedimientos que ha introducido la ley sobre hechos pasados. Hechos que, según la Historia, pasaron de una forma, pero que desde la perspectiva democrática no ocurrió así y se repara moralmente de esta forma a las víctimas.

P. ¿Le ha dado tiempo a iniciar algún caso?

R. No, estoy en la fase de aprendizaje, de toma de contacto. Nos hemos reunido con la Diputación, tengo pendiente hacerlo con el Ayuntamiento, que tiene un papel activo en las fosas en el cementerio, con otros ayuntamientos, y con las asociaciones de memoria, que dan el perfil y la situación, y sus posibles demandas.

P. Algunas de esas demandas estarán canalizadas por las asociaciones. ¿Pero los particulares también se pueden dirigir a la Fiscalía para plantear nuevos expedientes?

R. Por supuesto, de hecho, la creación de esta Fiscalía, que se ha ido desplegando por todo el territorio nacional, obedece a esa razón: acercarse a todo aquel que se considera víctima y que, según la ley de Memoria, son, incluso, los parientes y descendientes hasta cuarto grado. Cualquiera que sienta que su familiar fue víctima de la represión puede dirigirse a la Fiscalía.

P. Su primer acto público fue el I Encuentro sobre Memoria, que organizó la Diputación, y que sirvió para asistir a un diálogo entre nietas de un represaliado y la nieta de su represor. ¿Qué le pareció este encuentro?

R. Me pareció súper emocionante. Vi los sentimientos a flor de piel, esa reconciliación y algo que, realmente, te deja huella. No se quiere una venganza, sino una reconciliación, una reparación, que demuestra la madurez democrática en la que estamos. El poder asumir lo que ocurrió y reparar moralmente eso.

P. También hay quien piensa lo contrario. Que lejos de calmar, se remueven unos asuntos que deberían ser cerrados. ¿Qué les diría?

R. Les diría que ya hubo una amnistía. España se perdonó. Y, por lo tanto, como democracia que somos, qué menos que reconocer que se hicieron cosas terroríficas, tremendas, y que, si hay personas que necesitan una reparación moral, hay que ofrecérsela. No veo incompatible que la sociedad democrática reconozca eso, que es fundamental para que no se repita. La memoria es frágil. Y si no se recuerda, se interioriza y se repara hay riesgo de repetirlo lógicamente.

P. ¿La ley de amnistía impide retomar algunos de esos casos que se están denunciando?

R. Es así parciamente. Porque se han impuesto varias querellas, no aquí en Cádiz, y esas querellas se han desestimado por esta razón. Pero hay que ir más allá. Desde Fiscalía se defiende el derecho a conocer la verdad y que eso también forma parte del ámbito penal. Solo, a veces, se puede conocer la verdad abriendo unas diligencias previas e investigando. Así lo reconocen la ONU y los tratados internacionales. La Fiscalía ha interpuesto contra algunas de esas resoluciones ya recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, para que sea el Constitucional el que, vía amparo, defina esos aspectos y ver hasta dónde se puede llegar dentro de la querella desde esa óptica de los tratados internacionales.

P. ¿Qué competencias tienen los fiscales de Derechos Humanos y Memoria Democrática para iniciar una investigación?

R. Nosotros incoamos diligencias, recabamos la prueba que se nos aporte por la parte que ha iniciado esa querella y, con esos elementos probatorios, se valora si se interpone o no, y si se ha interpuesto por la familia se valora si se apoya o no en función de la batería probatoria que se aporte.

P. Otra de sus tareas principales son las fosas. ¿Cuál será su papel en estas investigaciones?

R. En primer lugar dando visibilidad. El que haya un apoyo desde una de las grandes estructuras como es la justicia es una reparación importante. El inscribir en el registro civil esa persona que existió en su día y no se sabía dónde estaba, y ordenar esos datos. Esto permite abrir bien la vía penal con la querella, o desde la administración civil para reparar el honor de la persona.

P. La memoria democrática dispara muchas sensibilidades. Se ve, por ejemplo, en el debate de los nombres. Es el caso del cambio de nombre del estadio del Cádiz. El Ayuntamiento está promoviendo recuperar Carranza, pero el Gobierno central dice que es ilegal. ¿La Fiscalía puede llegar a tener que intervenir en este asunto?

R. Hay dos fases. En la fase administrativa el fiscal está de espectador entre las administraciones porque es una competencia de ellas. Pero si ya, definitivamente, una de las administraciones decide por ejemplo poner Carranza y otra recurre, ahí es cuando interviene la Fiscalía, que valora si encaja o no jurídicamente en la ley ese nombre, o, en este caso, ese apellido.

P. El secretario de Estado de Memoria dejo claro en una visita a Cádiz que Carranza incumple la ley. ¿Usted entonces intervendría si el Gobierno denuncia?

R. Se configurará un expediente en el que habrá que determinar quién fue Carranza, qué hizo en Cádiz o fuera de aquí, y se estudian los argumentos de una parte y otra para que la Fiscalía se posicione en la ley de Memoria, según los parámetros que el Tribunal Supremo ha definido como simbología franquista y alusión a ese régimen.

P. ¿No tiene un posicionamiento previo sobre este nombre?

R. Puedo tener un posicionamiento personal. Pero jurídicamente no me compete todavía posicionarme.

P. En el encuentro de la Diputación, las nietas del represaliado Manuel Muñoz recordaron que en Cádiz siguen otras denominaciones de alusiones franquistas como los jardines de Varela, en referencia al general. ¿La Fiscalía puede instar a esos cambios de nombre o retirada de símbolos?

R. No, porque tenemos que respetar nuestro papel. Nuestro papel es judicial, no administrativo. No somos una administración, no somos un órgano político, sino que formamos parte de la justicia. Hasta que no se le dé el paso de judicializar un asunto no podemos intervenir.

P. Lleva su Fiscalía el nombre de Derechos Humanos. ¿Qué otros casos puede abordar? Por ejemplo, ¿puede asumir la investigación de bebés robados?

R. Los casos de bebés robados que se circunscriban al período entre el 36 y la democracia. Está acotado a esa fecha. También los ataques al colectivo LGTBI que se produjeran en esos años. Hemos sabido de casos de campos de concentración donde llevaron a esas personas a reeducarlas. Ahí también podemos intervenir como elemento reparador.