Un día en el Juzgado de Violencia de Género de Córdoba: "Están colapsados"

Córdoba

Una guardia en el turno de oficio de violencia de género puede ser agotadora. También un día relativamente tranquilo en el que el café se alarga. Pero es la excepción en una asistencia marcada por el alto índice de asuntos. “Hay mucha violencia y cuando estás asistiendo a detenidos, uno mínimo te entra por violencia de género", explica Isabel Aperador. Esta joven abogada de Pozoblanco es una profesional decidida e implicada. Desde la medianoche está activa ante cualquier llamada por un nuevo caso. Esta noche no ha tenido que acudir al juzgado. Aún queda mucho día por delante.

Quedamos a las 09:00 horas en una cafetería cercana a la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Isabel está preparada para actuar ante una asistencia. Llegan muchos quebrantamientos de órdenes de alejamiento. También el Juzgado específico de Violencia de Género recibe casos de nuevas denuncias, realizadas por las víctimas, el entorno o por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad. “La denuncia es fundamental. Creo que ellas tienen la concepción de que están haciendo algo malo. Las compañeras y compañeros que estamos en este turno estamos para que cuenten con nosotras desde el principio, así no se van a sentir solas". Además, si están en el momento de la denuncia las pueden asesorar. Han recibido formación para este acompañamiento.

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A veces, las mujeres que sufren esta violencia son reacias a ratificar la denuncia. Es una violencia que afecta a una parte muy íntima de su vida. La sufre de su pareja sentimental, del padre de sus hijos o de su ex pareja. El chantaje del agresor es el hilo emocional que tira del sentimiento de culpabilidad en la víctima. El contacto con un mundo como el judicial agrava esa sensación. Por ello, son necesarios más recursos en los juzgados de violencia.

Los profesionales de este turno de oficio también deben ser abogadas y abogados implicados, como explica Soledad Pérez, abogada y exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). “Es un trabajo duro, muy intenso, pero muy satisfactorio. Se debe realizar por personas muy implicadas y comprometidas”, afirma. Una convicción que comparte Aperador.

En el juzgado específico de Violencia de Género siempre hay actividad. Atiende casos de 09:00 a 13:00 horas y sigue con todas las tramitaciones hasta bien entrada la tarde. La jueza, Fátima Ortiz, el letrado (LAJ) Vicente Jiménez de la Torre, y los funcionarios de la oficina del juzgado son elogiados por todo el mundo judicial. Pero el órgano está “colapsado”.

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“Todos los atestados policiales que entran en ese horario, el juzgado debe darle una solución inmediata. Actualmente, nos está entrando una media de 7 u 8 asuntos y eso está provocando que la oficina no eche el cierre hasta las siete de la tarde". Son profesionales comprometidos, pero están al límite. Están señalando juicios, por la vía civil, para julio de 2025. “Cuando la ley indica que se tiene que convocar una comparecencia para regular unas medidas civiles en el plazo de 10 días, actualmente la magistrada no puede sobrellevar ese plazo porque la sobrecarga de trabajo lo hace imposible. No tenemos suficiente personal". Vicente Jiménez nos atiende con amabilidad, pero habla bastante claro. También ratifica esta situación la magistrada, que rehúsa hacer cualquier tipo de entrevista.

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Piden un nuevo órgano o un magistrado o magistrada de refuerzo, otro Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios de oficina.

También sufre este problema de sobrecarga el juzgado de lo penal número 6 especializado en violencia de género. "Yo siempre recuerdo un paso que tengo vivo desde hace un par de años y se va a enjuiciar en 2025", recuerda Isa Aperador.

Las conformidades como alternativa

En este momento, están siendo claves las conformidades a la hora de agilizar el trámite judicial para la víctimas. Son sentencias condenatorias asumidas por el agresor a cambio de alguna ventaja, pero permite a la víctima contar con orden de alejamiento y todas las medidas civiles oportunas, desde custodias de hijos al acceso a la vivienda o las pensiones. En definitiva, acceder a todas las garantías de protección en un solo acto. “Estamos hablando de unas amenazas, vejaciones o un delito leve y ellas lo que buscan es no verlo más. Así que se van de aquí con su sentencia", explica Isa Aperador.

Subimos a la primera planta de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Accedemos a la sala de espera del Juzgado de Violencia. Una mujer se lamenta porque han detenido a su pareja. Viene sola y asegura que está “cansada”. Afirma estar bajo los efectos de calmantes. Pregunta por su marido. Cuenta que él la quiere mucho y que nunca le ha agredido, aunque reconoce que acaba de vivir un episodio en el que el hombre le ha hecho “algo” en la mano. No explica qué. En ese momento, accede a la sala el abogado del turno de oficio de asistencia a detenidos. Su marido acaba de cometer un tercer quebrantamiento de condena.

Son historias de normalización de la violencia que se viven entre estas paredes, sobre todo entre mujeres especialmente vulnerables.

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Todos en este juzgado tienen una especial sensibilidad a una realidad que está demasiado extendida. Ahora con la complicación del control de las redes sociales, del acoso digital. Los cuerpos y fuerzas de seguridad también pueden actuar de oficio, aplicando el conocido como ‘Protocolo Cero’, que consiste en comunicar el caso al juzgado aunque la víctima no denuncie.

Y si hacen falta recursos en la capital, en la provincia ya son carencias importantes, como denuncia la abogada Soledad Pérez. “No existen juzgados especializados, son juzgados designados, no las ve el forense esa misma mañana, no tenemos la cercanía del SAVA (Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía) y también tenemos que ser reivindicativos. Hay que pedir igualdad para esas víctimas", incide Pérez.

Las abogadas y abogados del turno de oficio de violencia de género han realizado 1.387 asistencias a víctimas en la provincia a lo largo de este 2024.

Según datos del Colegio de la Abogacía de Córdoba, en lo que va de año se han tramitado 317 órdenes de protección y 259 conformidades con sentencia condenatoria y medidas.

De las casi 1.400 asistencias en este turno de oficio realizadas en este 2024 en la provincia, 709 se han hecho en la capital. Destacan municipios como Posadas con 159 asistencias, Montoro con 87 o Baena con 72 en total.