La consejera de salud defiende la legalidad de los contratos de emergencia que el SAS hizo "obligado por la pandemia"

La consejera de salud, Rocío Hernández, ha defendido durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento que la contratación de emergencia del SAS se hizo bajo el amparo de la legalidad y por las necesidades impuestas por la pandemia. Rocío Hernández solo ha reconocido que «pudo haber imperfecciones» en esos contratos y tras relatar que la crisis sanitaria originada por la pandemia «exigió reinventarse» ante una situación «en la que no se sabía lo que iba a ocurrir», se preguntó cuantas personas habrían muerto si los gestores del Servicio Andaluz de Salud no hubieran cumplido «con su obligación para cumplir con la ley de garantía sanitaria». Según Hernández, los contratos de emergencia propiciaron que en el año 2021 se realizaran 69.824 intervenciones quirúrgicas, y 47.544 en el año 2022. Los realizados en 2023 fueron «anecdóticos» según la consejera quien también ha aclarado que las adendas a los contratos ya existentes «no son contratos de emergencia adicionales». La consejera de salud, que ha defendido que los consejeros -tanto ella como sus predecesores- han dado todas las explicaciones siempre que se les han pedido, ha aclarado que las prórrogas del empleo de la contratación de emergencia fueron avaladas por la asesoría jurídica del SAS, y que no se ha recurrido al procedimiento desde mayo de 2023. «Cesaron mes y medio antes de la derogación del decreto» que los amparaba. Rocío Hernández ha pedido «respeto» para los tres gerentes del SAS que están siendo investigados por un juez de Sevilla y ha hablado de manera especial de la actual, Valle García, que cuenta con su «total confianza» y de la que ha dicho que es una «gestora excelente, además de mejor persona», una mujer «ejemplar, altamente cualificada y respetada». El coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, le ha replicado a la consejera que los informes de la Intervención general de la Junta «están por encima de los Servicios Jurídicos (del SAS), por eso no hay aval jurídico alguno». Márquez, quien ha querido reflejar la soledad de la consejera en su comparecencia con la mitad de los escaños del gobierno vacíos, ha invocado los 19 informes «demoledores de la Intervención» para apuntar que «claramente no se ha respetado la legalidad vigente» y ha señalado que los «contratos a dedo», son un modus operandi de esta consejería y que la Fiscalía Anticorrupción apunta «al mismísimo Consejo de Gobierno», en referencia a la investigación judicial del caso por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Cristina Jiménez, de Vox, ha asegurado que la Sanidad se está convirtiendo en el «talón de Aquiles» del Gobierno andaluz ha agregado que los informes de la intervención y la cámara de cuentas ha puesto «en evidencia» este tipo de contrataciones por parte de la Consejería de Salud. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido a Rocío Hernández que «no abuse» de la apelación a la pandemia de coronavirus para «justificar lo injustificable», convencida de que «no es excusa la pandemia para el procedimiento de urgencia para una situación que no se producía». «Esto es corrupción política y es una »desvergüenza que no asuman ni una sola responsabilidad. Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía ha criticado el «papelón de justificar la corrupción» que ha hecho este miércoles la consejera de salud, a la que ha exigido que explicara por qué si «esto todo estaba bien» la Justicia ha imputado a tres gerentes del SAS. También le ha recordado que tanto la Cámara de Cuentas como la propia Intervención le ha dicho que «pararan» los contratos de emergencia, y sin embargo «continuaron produciéndose» por los «favores» a las empresas privadas.

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