Tres años de cárcel y 50 millones de multa para el ex secretario general de UGT-A por las facturas falsas en los cursos de formación
También han sido condenados otros ex directivos del sindicato andaluz como Federico Fresneda, María Charpín, Enrique Goicoechea y Dolores Sánchez, como cómplice. La sentencia declara a UGT-A a responsable civil subsidiaria de los 40,6 millones que hay que devolver a la Junta
Europa Press
Sevilla
La Audiencia de Sevilla condena a la ex cúpula de UGT en Andalucía por elaborar facturas falsas para desviar fondos públicos en beneficio del sindicato entre 2009 y 2013, para lo que "se sirvieron de proveedores" que emitían esos documentos falsos. Fueron más de 40,6 millones de euros. El Tribunal condena a tres años de cárcel al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández, por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil en los cursos de formación que impartía el sindicato. Condena también de entre tres años y seis meses de prisión a otros cuatro ex altos cargos: Federico Fresneda, María Charpín, Enrique Goicoechea y Dolores Sánchez. UGT Andalucía será la responsable civil subsidiaria de pagar los 40,6 millones de euros de indemnización a los que han sido condenados los cinco de forma solidaria. Fernández también tendrá que pagar una multa de 50 millones.
Dicen los jueces que no estamos ante meras irregularidades administrativas sino ante conductas realizadas a conciencia y "con voluntad de trastocar la realidad, para lo que se sirvieron de proveedores para la emisión de facturas que luego casaban con albaranes de mercancías o servicios que no tenían por qué tener relación con el objeto facturado". La finalidad de esos documentos falsos, según la sentencia era "crear una pantalla que permitiera el desvío hacia el sindicato del importe total de las subvenciones concedidas". De esta manera el sindicato andaluz dispuso de dinero "para financiar actividades propias del sindicato y ajenas al fin social para el que las recibieron" de la Junta de Andalucía.
El Tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Y habla de la alarma social que causan estas conductas de agentes sociales que reciben el dinero para defender los intereses de trabajadores y desempleados.
La sentencia rechaza la atenuante de reparación del daño por el hecho de que UGT y la Junta hayan firmado un acuerdo para fraccionar el dinero que recibieron y pagarlo en 25 años. Según los jueces eso no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento a los acusados y a la UGT en Andalucía.
La Audiencia ha absuelto a nueve acusados, a los proveedores del sindicato, al no considerar acreditado que tuvieron conocimiento del destino que iban a tener los "descuentos, comisiones o rappels que habían acordado con el sindicato. El fallo se puede recurrir.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los cuatro principales condenados, así como cinco años de prisión y también 50 millones de multa para la responsable del departamento de compras del sindicato. Para los proveedores reclamó la imposición de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.
