Sociedad

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, recluida en su hotel por el toque de queda en Seúl

Desde Corea del Sur apuntan que la ley marcial ha sido decretada por la aprobación por parte del principal partido de la oposición un proyecto de ley de presupuesto reducido en el comité de presupuesto parlamentario

Ángela Moreno, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ángela Moreno, ha sido sorprendida en Seúl (Corea del Sur) por la declaración de la ley marcial por parte del gobierno de la nación y, en estos momentos, se encuentra recluida en su hotel junto con sus homólogos de Málaga y Córdoba.

La concejal ha acudido al país surcoreano a realizar una promoción de la ciudad con el fin de atraer más turistas y tienen previsto abandonarlo este jueves. Este martes, las fronteras no se han cerrado.

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La decisión se ha producido después de que el opositor Partido Demócrata rechazara un proyecto de ley de presupuesto generales (y al tener mayoría en el Parlamento no se ha podido aprobar). Esta declaración de la ley marcial busca, según el presidente Yoon Suk Yeo salvaguardar el orden libre y constitucional. Su declaración dice de la siguiente manera: "Declaro la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar a las despreciables fuerzas pro-norcoreanas y antiestatales que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el libre orden constitucional".

No obstante, la situación ha ido más allá y los partidos de la oposición, e incluso algunos de los que apoyan al Gobierno, han rechazado la declaración de ley marcial y han convocado una reunión de emergencia con los legisladores de la Asamblea Nacional. El Parlamento ha desafiado al presidente y ha votado en contra de que se decrete la ley marcial. En la sesión plenaria, las fuerzas de la oposición que dominan la cámara aprobaron con 190 votos a favor la revocación de la ley marcial, lo que según la Constitución surcoreana obliga al presidente a retirar esa medida.