Cien llamadas en espera de media en el botón rojo: la CGT denuncia ante la Fiscalía la situación de la teleasistencia

Málaga

El sindicato CGT ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía por el "deterioro" del servicio de teleasistencia gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad. Se trata del 'botón rojo' que atiende a 270.000 personas mayores en Andalucía. Trabajadores de este servicio en Málaga denuncian que se registra una media de 100 llamadas en espera "todos los días" con picos que superan las 200 llamadas, una situación que consideran "grave" e "insostenible" y que puede poner "en riesgo" a los mayores que usan el botón rojo, porque sufren "tiempos de espera muy largos". Así lo indica Juan Carrillo, el secretario general de la sección sindical autonómica de CGT en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta.

A juicio de la central sindical, se ha producido un "deterioro insoportable de la atención que recibe la ciudadanía, derivado de la falta de personal" en este servicio, con "más de 200 llamadas en espera, detrás de las cuales hay urgencias y emergencias que requieren de la movilización inmediata de recursos operativos".

CGT sostiene que "lleva años denunciado y reclamando el aumento de la plantilla del servicio" y acusa a la Junta de Andalucía de mirar para otro lado ante un servicio que años atrás "fue bandera de la atención social de la Junta y que contaba con índices de valoración de los más altos de entre los servicios de la administración andaluza". Carrillo asegura que el crecimiento del personal que presta las labores de la teleasistencia no ha ido aparejada al aumento de los usuarios, que han crecido en 100.000 desde 2011 mientras que los trabajadores han pasado de aproximadamente 220 a las 260 en Málaga, donde se ubica una de las dos sedes para prestar el servicio en Andalucía junto con Sevilla. Añade que en estas fechas la situación se agrava porque aumenta la carga de trabajo sin que se produzca un refuerzo de personal.

"Ante la puesta en riesgo de la seguridad y la atención de las personas, hemos solicitado a la Fiscalía que inicie una investigación para determinar las posibles responsabilidades y daños que de esta situación hayan podido producirse y que se exijan las mismas a las personas responsables de esta situación", indica la central.