El Ayuntamiento de Castilleja del Campo ha recurrido ante la Audiencia Nacional el trazado del AVE Sevilla-Huelva y pide su desplazamiento para que la localidad no vea limitado su crecimiento

Huelva

El Ayuntamiento de Castilleja del Campo ha recurrido ante la Audiencia Nacional el trazado del AVE Sevilla-Huelva y pide su desplazamiento para que la localidad no vea limitado su crecimiento futuro. La Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Transportes ha remitido ya a la Sala de lo contencioso administrativo el expediente del proceso de información pública y aprobación definitiva del "Estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva".

El alcalde de Castilleja del Campo, Narciso Luque, ha explicado que su principal demanda es el desplazamiento del trazado definitivo, conocido como la alternativa 2.1, hacia el norte para evitar posibles afecciones al municipio, ya que pasa a 200 metros de la localidad. A su juicio, no habría ningún tipo de problema medioambiental ni de otro tipo por desplazar una distancia razonable el trazado definitivo por el que se ha optado. Su intención, ha insistido, no es oponerse al proyecto, sino solicitar una modificación en su recorrido a su paso por Castilleja del Campo para garantizar el desarrollo urbanístico del municipio. "Nosotros, lógicamente, estamos a favor de que se lleve a cabo esa infraestructura. Simplemente, lo único que demandamos es eso, que al paso por nuestro núcleo urbano el trazado se desplace hacia el norte, en la medida de lo posible", afirmó.

El recurso presentado por el Ayuntamiento de Castilleja del Campo busca que la Audiencia Nacional revise la viabilidad de este ajuste en el trazado, con el objetivo de minimizar su impacto en la localidad.

Los interesados en dicho expediente puedan personarse como demandados ante el mencionado órgano judicial en el plazo de nueve días a partir de mañana viernes 14 de febrero.

Fuentes del Ministerio de Transportes han asegurado a la SER que este recurso no afecta a los planes del Gobierno para licitar la redacción de los proyectos constructivos, ya que no hay ninguna medida cautelar.