Unas 40 familias de Torremolinos, a punto del desahucio por un fallo judicial que invalida sus alquileres

Málaga

"Imagina pagar tu alquiler cada mes con un contrato legal, avalado por la Junta de Andalucía, Fomento y Hacienda. Imagina seguir todas las normas, cumplir con tus pagos, y aun así, despertarte un día con la noticia de que tu casa ha sido subastada sin que nadie te informara". Esto es lo que están viviendo unas 40 familias en El Calvario, en la localidad malagueña de Torremolinos. "Somos personas mayores, enfermas, hospitalizadas, familias con hijos pequeños...", tal como explica en SER Málaga Jimena Centurián, una de las vecinas afectadas y portavoz de estas familias.

"No somos okupas, ni hemos incumplido nada. Somos víctimas de una estafa. Una promotora firmó contratos con apariencia legal mientras dejaba de pagar la hipoteca y el IBI por una orden de embargo. Aun así, siguió cobrando el alquiler cada mes. Cuando ya no pudo esconder la verdad, se declaró en bancarrota, y con el dinero de todos, compró apartamentos a su nombre", detalla Centurián. El juez ha dictado que esos contratos no son válidos. Estas familias, que confiaron en el sistema, ahora están a punto de perder sus hogares sin aviso ni alternativa. Están a punto de ser desahuciadas.

El problema comenzó en en el año 2005, cuando se construye este edificio residencial, a través de una promotora que pide una hipoteca para su construcción. Esta misma decide ocho años después suscribir un contrato de arrendamiento junto a otras sociedades explotadoras. Y el problema comienza cuando las subarriendan a estos inquilinos. Según la propia disposición judicial, es cuando la promotora llega a un acuerdo con las otras mercantiles cuando esta atraviesa dificultades económicas, pero se argumenta que dichas sociedades no aportan contraprestación, por lo que el fin de esta unión es poner obstáculos sobre el préstamo que la entidad inicial cobraría.

Este mismo documento señala que "no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias". Y tras todo este camino legal, se produce una orden de lanzamiento, dictada dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, el 8 de enero de 2024. En ella, se especifica que «debe concluirse que los ocupantes de las fincas litigiosas, respecto a las que se ejercita acción hipotecaria, se halla en posesión de las mismas sin título bastante, frente a la presente resolución judicial no cabe recurso alguno", recoge.

"Las autoridades y el SAREB tienen la obligación de actuar ya. Solo queremos que se frenen estos desahucios", reclama esta vecina. Sus declaraciones, al completo, ya se pueden escuchar en la parte superior de esta información.

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La situación de estos vecinos parte de un auto de ejecución hipotecaria que comienza en 2018, a raíz de una inmobiliaria que quiebra y que suscribe un contrato de arrendamiento con otra empresa, que le cede el contrato a una tercera. De esta forma, se producen contratos diferentes y con entidades diferentes en esta cadena de cesión de contratos de arrendamiento, por lo que la situación de cada vecino es diferente. En el trámite de la ejecución hipotecaria, como hay ocupantes en el inmueble, en 2023 se les pide que aporten los contratos; y hay un auto del ocho de enero de 2024 donde el juez sentencia que nos son títulos legítimos y que los firmó la ejecutada para dificultar el proceso de ejecución. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, el equipo de Gobierno, asegura tener constancia de que en las próximas semanas hay prevista una visita donde la Sareb, a quien se adjudican estos activos como consecuencia del proceso judicial, va a cederlos a un tercero.

Una vez recabada toda esta información, el Ayuntamiento ha hecho varias cosas tal como han detallado a las SER fuentes municipales:

- Evaluar a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como argumento jurídico de cara a su protección.

- Contactar con la Sareb para intentar mediar, con una reunión que tendremos en las próximas horas y de la que informaremos con celeridad una vez se produzca.

- Reunión de la alcaldesa con los vecinos el viernes pasado, 21 de marzo, a los que comunica todas las gestiones que se están realizando al respecto.

- Plantearon a los grupos de la oposición la posibilidad de llevar un acuerdo institucional a pleno que no tengo problema en pasarlo pero que ha quedado en papel mojado. Para que hubiera entrado al pleno ordinario del jueves 27, tendría que haber sido acordado este lunes, pero PSOE, VOX e IU dijeron que necesitaban más tiempo.

En el caso de VOX, sin previo aviso, se desmarcan anunciando que van a presentar ellos una moción. Y en el caso de PSOE, se muestra reacio a apoyar el acuerdo institucional, que pide al Gobierno central, al ser partícipe en un 51% de la Sareb, y al resto de administraciones, su implicación para solucionar el asunto. La resistencia del PSOE se sustenta en que no quiere una mención expresa del Gobierno central y que se mencione a todas las administraciones por igual. Me parece que es tratar a la gente de tontos, porque si el actual propietario de los activos es la Sareb, participada en más de la mitad de su capital por el Estado; pues creo que la petición cae por su propio peso. IU sigue sin pronunciarse, querían tener una reunión con la dirección provincial este martes por la noche.