Ni injerencias ni sugerencias ni indicaciones ni "tufillo" a concurso amañado

Sevilla

El juicio por la supuesta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar se ha reanudado este martes con la declaración de los dos primeros acusados. Una letrada del servicio jurídico de la Junta y un interventor delegado en Economía e Innovación en 2015. Los dos han sido contundentes y vehementes, especialmente la letrada Sánchez de la Cuesta. Han afirmado ante el Tribunal que ganó la mejor oferta. Y han asegurado que dieron el mismo tratamiento a las dos empresas finalistas, Minorbis y Emerita y, en ningún caso, recibieron ni indicaciones ni sugerencias ni presiones para puntuar los proyectos . Hicieron su trabajo, han declarado, en base a los 15 criterios de adjudicación que valoraron, y solo cuatro de ellos vinculados a la mejor oferta económica.

Ninguno de los dos funcionarios conocía tampoco a nadie en las empresas licitadoras ni cobraron por participar en ese concurso ni recibieron un aumento de sueldo ni fueron premiados en sus puestos de trabajo.

El presidente de la Sala, Ángel Márquez, ha preguntado lo mismo a los dos. A saber, si la empresa adjudicataria del concurso fue Minorbis, que contaba con el respaldo económico y técnico de Grupo México, cómo se explica que quien acepta sea una sociedad llamada Minera los Frailes, participada mayoritariamente por Grupo México. La letrada de la Junta ha dicho que desde el principio Minorbis, en su memorandum inicial, habló de la posibilidad de constituir lo que se llama una sociedad de propósito específico. "Eso a priori no es ilegal", ha afirmado.

Sánchez de la Cuesta ha criticado las resoluciones de la Sección Séptima de la Audiencia en base a las que se corrigió a la jueza instructora y se abrió el juicio oral. "Con todos los respetos, la Sección Séptima no ha comprendido el alcalde de lo que es una declaración responsable", ha puntualizado en un momento. Y en otro momento ha señalado que "la letra de la norma no se puede cambiar y la Audiencia no transcribió todo el artículo 63 de la Ley de Contratos". También ha contado que no podían sancionar a Grupo México por el accidente minero de Sonora porque quien se presentó al concurso fue Minorbis. Otra cosa es que Grupo México presentara una declaración responsable para aportar la solvencia económica y técnica a ese proyecto, ha puntualizado.

En este juicio el Ministerio Público no acusa. Pide la absolución de las 16 personas que se sientan en el banquillo. Entre ellos la ex directora de minas de la Junta, María José Asensio, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández y los hermanos dueños de Magtel Mario e Isidro López Magdaleno. Además de los funcionarios y los técnicos que intervinieron en el proceso.

Las acusaciones son la empresa que perdió, Emerita, y también los ecologistas.