Así era la imposible torre de 26 plantas que propuso el Ayuntamiento para conseguir los suelos del hospital

Cádiz

Desde que en 2005 se conociera por primera vez la idea de construir un nuevo hospital para Cádiz en el suelo de la antigua CASA a hoy han pasado 20 años. Pero la posibilidad de hacerlo real sigue alejándose en el tiempo. Las dos últimas propuestas aportadas por el Ayuntamiento de Cádiz para hacerse con los suelos son, según los técnicos de la Zona Franca, actual propietaria, "inviables". La primera contemplaba un aprovechamiento urbanístico de 2.000 metros cuadrados en esa misma parcela, lo que obligaría a construir un edificio de 26 plantas, prácticamente imposible, entre otras cosas, por su impacto visual. La segunda, más reciente, es hacer uso de los 5.000 metros cuadrados que se podrían utilizar en el colegio Adolfo de Castro, donde habría que construir un inmueble de, al menos, 10 plantas. La Zona Franca rechaza esta propuesta porque supondría alargar en el tiempo la posibilidad del hospital al requerir de cambios urbanísticos muy complejos. También el Consorcio advierte de que supondría una despatrimonialización municipal, que no es seguro que tenga el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento. Si se quiere hacer el hospital lo antes posible, la solución, según Zona Franca, es fácil: La Junta debe ser la interlocutora directa y bastaría con poner en la mesa algo menos de 13 millones de euros para comprar los suelos. No es mucho en comparación de los 500 millones que dice tener el Gobierno andaluz para construir todo el hospital.

En enero de 2008 la Tesorería de la Seguridad Social, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz firmaron un convenio para dotar a la ciudad de un nuevo hospital regional, que sustituyera al actual Hospital Puerta del Mar. Para eso, se aprobó cuatro años más tarde, en 2012, un cambio en el Plan General que blindó los suelos de CASA, comprados por la Zona Franca, para un uso dotacional público y hospitalario. Para hacer realidad ese proyecto, la Zona Franca reclamó cuando aún gobernaba el PP que la Junta de Andalucía se hiciera cuanto antes con los suelos para empezar a levantar el centro sanitario, pero el Gobierno andaluz, entonces gobernado por el PSOE, no dio esos pasos.

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Giro inesperado

Ahora la Junta está gobernada por el PP y es el PSOE el que manda en Madrid y, por tanto, en Zona Franca. Pero la situación sigue siendo la misma, con una variación. Durante todos estos años, era la Junta la interlocutora con la Zona Franca sobre el hospital. Pero el año pasado la Junta se descolgó con un giro inesperado. A partir de ese momento sería el Ayuntamiento el que negociaría con la Zona Franca la compra o permuta de los suelos. "Este cambio nunca fue comunicado oficialmente por la Junta", advierten fuentes de la Zona Franca.

Un edificio de 26 plantas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, pasó de ser de mediador a interlocutor directo. En mayo de 2024 llegó la primera propuesta municipal. El Ayuntamiento pretendía que la Zona Franca volcara todo el aprovechamiento de sus derechos urbanísticos sobre el suelo de CASA a una parcela de 2.000 metros cuadrados, a costa de reducir la parcela total para el hospital a unos 6.000 metros cuadrados. Esta propuesta, según la Zona Franca, hacía aguas por todos lados. La Junta no tardó en advertir de que necesitaba toda esa parcela para el centro sanitario, por tanto, no podía quedarse sin los 2.000 metros cuadrados. Y la propuesta de aprovechar esos 2.000 metros cuadrados al máximo solo era viable económicamente si se construía un edificio de 26 plantas, que diese para construir y después vender viviendas, locales y oficinas. El edificio, en sí mismo, recogido en una infografía elaborada por Zona Franca es prácticamente imposible desde el plano urbanístico, puesto que crearía un impacto inasumible en esta zona entre el Cerro del Moro y Puntales.

Colegio Adolfo de Castro

El Ayuntamiento de Cádiz no tardó en asumir la inviabilidad de su propuesta y meses después lanzó otra. Eso sí, tuvo que esperar a dejar morir el colegio Adolfo de Castro, ahogado por la baja natalidad y la falta de interés de las administraciones del PP en mantener abierto este centro educativo. La segunda propuesta llegaba en enero de este año y es dar a la Zona Franca los derechos urbanísticos de la parcela del colegio también para construir viviendas, locales y oficinas. En este caso, bastaría con una torre de 10 plantas por ser una parcela mayor, de unos 5.000 metros cuadrados. Pero la Zona Franca, en una carta enviada en febrero, también rechazó esa propuesta. Advertía de que sería necesaria una modificación del PGOU en varios sentidos, lo que retrasaría la posibilidad de hacer el hospital en, al menos, cuatro o cinco años. Al igual que la anterior, tampoco se garantizaba su viabilidad económica. Es decir, si la Zona Franca aceptase no tendría seguridad de que pudiese recuperar la inversión que requiere. El Consorcio tiene varias advertencias del Tribunal de Cuentas de que debe hacer todas sus operaciones viables económicamente.

La solución de Zona Franca

En los últimos días, las administraciones gobernadas por el PP, Ayuntamiento y Junta, y el propio Partido Popular, han insistido en que si ahora mismo no avanza el hospital es culpa de la Zona Franca. Pero fuentes del Consorcio lo desmienten. Por eso han explicado que todas las propuestas enviadas hasta ahora son inviables económica y legalmente, y solo supondría un laberinto burocrático que dilataría innecesariamente muchos años la construcción del centro sanitario. De ahí que exijan a la Junta que, si hay voluntad real del Gobierno andaluz, asuma su competencia y compre directamente los suelos. Sería la operación más rápida y la Junta, además, podría rentabilizar esta operación. Si compra los suelos, adquiriría también los derechos urbanísticos del solar que deje vacío el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en plena avenida de la ciudad, y donde caben unas 600 viviendas. Fuentes del Consorcio insisten en que la pelota real está en el tejado de la Junta, lamentan la falta de lealtad institucional del PP y avisan al Ayuntamiento de su tardanza en otra operación pendiente y de igual importancia: las 800 viviendas de Navalips, que lleva esperando dos años sin avances.