Abren diligencias por los contratos adjudicados a Inserta Andalucía para pisos de jóvenes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz

Málaga

El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por el grupo parlamentario Por Andalucía por los contratos adjudicados por la Junta a la ONG Inserta Andalucía para la gestión de pisos de jóvenes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz. En su escrito, el juzgado ordena pedir a la Junta de Andalucía que le remita los expedientes de contratación a los que se refiere la denuncia contra la ONG, a la que Por Andalucía acusa de haber inflado los datos de personal para conseguir adjudicaciones; a la Junta, le achaca el haber favorecido presuntamente a la entidad "por connivencia" o "negligencia".

La Inspección General de Servicios Sociales de la Junta constató que dicha entidad incurrió en una infracción grave al incumplir la ratio de personal y las mejoras del contrato; también tras detectar que faltaba "alimentación y enseres básicos" en estos pisos para jóvenes extutelados gestionados por la entidad Inserta Andalucía en Málaga y Granada. Así se recogía en el documento firmado por las inspección el pasado 19 de febrero de este año y notificado al extrabajador de la ONG Pedro González, que llevaba denunciando la situación ante la Junta de Andalucía desde finales de 2023 y que, ante la falta de respuesta de la administración, acabó acudiendo a la Fiscalía en junio del año pasado. Cuatro meses después, el exempleado presentó otra denuncia ante la Inspección en octubre de 2024 tras reunirse con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que dijo haberle invitado a denunciar.

Antes de que se emitiera del documento de la inspección, Por Andalucía denunció a finales del pasado mes de enero en los juzgados las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato, denominado programa JEM+18, y vinculado a la creación de alojamientos y programas de inserción sociolaboral para jóvenes migrantes no acompañados de entre 18 y 25 años de edad. La denuncia ponía el foco en los dos lotes del programa que fueron adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a la entidad Inserta Andalucía en julio de 2023 para gestionar pisos de jóvenes migrantes extutelados en Málaga y Granada. El contrato era por dos años y por una cuantía de 1.016.390 euros y 1.159.267 euros respectivamente. La ONG se presentó en ambos lotes cómo única licitadora.

La denuncia de Por Andalucía acusaba a la Junta de Andalucía, bien con “connivencia o grave negligencia”, de presunto falseamiento de los pliegos sacados a concurso, lo que habría beneficiado a la ONG, a la que acusaba a su vez de ‘inflar’ el personal que trabajaba en el servicio para conseguir adjudicaciones. Tanto la Junta como la ONG negaron las acusaciones.

El grupo parlamentario indicaba que en el caso del servicio en Málaga, la documentación de la licitación establecía la obligación de subrogarse 14 trabajadores al cien por cien de su jornada, cuando sólo ocho prestaban sus servicios en dicha actividad y de ellos, sólo tres lo hacían a jornada completa. Las otras seis personas que no trabajaban en el programa sí eran empleados de la entidad, pero desempeñaban su función en otros servicios contratados distintos a ese programa. Un “falseamiento” de los expedientes de contratación que habría pervertido la libre concurrencia de entidades que pudiera ser licitadores, según la formación política. También achaca a la administración regional el haber permitido que los contratos, una vez firmados, no se cumplieran “en los términos pactados, produciendo un ilegal beneficio a la empresa con dinero público”.

En el caso de los pisos de jóvenes extutelados en Granada, de los 15 empleados que aparecían en el expediente, siete no trabajan en el servicio licitado ni estaban relacionados con el mismo, según el anexo de la denuncia, que añadía cuatro expedientes más en Málaga, Granada y Cádiz con supuesto falseamiento de personal imputado a distintos servicios contratados por la administración. Entre ellos, el denominado programa María Zambrano de orientación, asesoramiento e inserción social y laboral para jóvenes del sistema de protección de menores adjudicado en Málaga en 2020, por una cuantía total de 701.280 euros incluyendo las distintas prórrogas. El modus operandi incluía presuntamente cambiar el orden de las iniciales de forma que dos trabajadores que ya estaban teóricamente con jornada completa en ese programa aparecían también a jornada completa en el de los pisos tutelados (JEM).

Y en el mismo programa adjudicado en Cádiz el 28 de octubre de 2020 por 263.062 euros se incluían dos personas que nunca han trabajado en esa provincia, según la denuncia. En este caso, la antigüedad de esos empleados habría resultado clave para conseguir la adjudicación frente a los otros tres licitadores. En esos dos últimos casos, los órganos de contratación fueron las delegaciones territoriales de la Junta.

En total, el coste de los contratos denunciados supera los tres millones de euros.

La denuncia añadía que la mujer y el hijo del responsable del Observatorio de Infancia de la consejería de Inclusión Social fueron supuestamente contratados por Inserta Andalucía en diferentes programas que la entidad gestiona en Sevilla una vez que fue adjudicataria de contratos públicos. Sostiene la coalición que era "la persona referente habitual para la interlocución por parte de la Junta de Andalucía". La consejera respondió tras la denuncia "que esa persona no es el profesional que interviene en el pliego de licitación".

Por Andalucía acusa a la Junta de mirar "para otro lado"

Ante la incoación de diligencias, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha destacado que, como ya ocurriera con los contratos del Servicio Andaluz de Salud, un juzgado le ha enmendado la plana al Gobierno de Moreno Bonilla, al que asegura que "todo esto le ha pillado, negando la evidencia, mirando para otro lado, diciendo que esto era falso, que era fango, que eran denuncias políticas…" Nieto señala "el juzgado comienza a hacer su trabajo y, lamentablemente, ante la pasividad, la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla se pone manos a la obra para esclarecer lo sucedido".