La Guardia Civil sostiene que el expresidente del Córdoba CF desvió fondos del club a empresas de su entorno para enriquecerse

Córdoba

A paso más lento del esperado y deseado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba se está desarrollando el juicio oral por el conocido como 'Caso Saqueo' del Córdoba Club de Fútbol (CCF). De hecho, el magistrado a cargo de la presidencia de la sala, Juan Luis Rascón, ya ha advertido a las partes de la conveniencia de perseguir la agilidad en las sesiones o de ampliar el número de días previstos para esta fase del procedimiento. Con todo, ha permitido el amplio desarrollo de las cuestiones previas y los primeros interrogatorios.

En el banquillo de los acusados se sienta Jesús León, expresidente del club deportivo ya condenado a 4 años de prisión por el 'Caso Chalet' —pieza separada de esta causa—, en una sentencia de la que su representación legal ha solicitado la nulidad. También sus hermanos, Ildefonso y José María; así como su esposa y expresidenta de la fundación del Córdoba, Isabel Madueño. De igual forma, se someten a investigación personas y empresas que gestionó o que son cercanas al propio Jesús León, como Grucal Infraestructuras y Grucal Properties, Argonsa o Tecnoglobal Aplicaciones.

Se investiga el presunto desvío de más de 2 millones de euros de las arcas del club a través de diversas sociedades mercantiles vinculadas a León y su entorno. También se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el que estaría implicada su esposa, Isabel Madueño, entonces presidenta de la Fundación del Córdoba CF.

La Fiscalía solicita que se imponga a Jesús León una pena de 9 años y medio de cárcel, además de la obligación de indemnizar al Córdoba Club de Fútbol con un millón de euros. Todo ello mientras su defensa alude a un proceso en el que "se han vulnerado reiteradamente los derechos de León". El principal argumento se sustenta en que el procedimiento carecería de validez por haber caducado las diligencias durante la fase de instrucción. Una cuestión de "amplio calado jurídico" sobre el que los magistrados de la sección tercera de la Audiencia resolverán a la hora de dictar sentencia.

El Ministerio Público, representado por Jesús Aparicio, ha defendido la validez de todo el procedimiento "que fue prorrogado por cumplir todos los indicios de complejidad" —multitud de investigados, necesidad de pruebas periciales y documentación, etc.— aunque en su auto no lo especificase tácitamente. Una tesis que contradicen las defensas de los imputados.

De igual forma, Aparicio se ha concentrado en refutar la idea de que se negó asistencia letrada a Jesús León. Para la defensa del principal encausado, es muy grave que el entonces abogado de León contactase con la Guardia Civil en el momento de la entrada y registro en su domicilio y no se le permitiese estar presente. Sin embargo, al no encontrarse en ese momento detenido, esa presencia de su abogado no resulta obligatoria.

Y es que Jesús León sería detenido con posterioridad a esos registros practicados en su casa, la sede del CCF y las dependencias de la fundación del equipo. La letrada del expresidente blanquiverde, María Victoria Vega, ha solicitado la nulidad de ese arresto, "pues se realizó sin respaldo judicial ni proporcionalidad", dado que su representado no fue cazado cometiendo un delito flagrante. Contra este argumento también ha cargado la Fiscalía, recordando que el servicio de Policía Judicial "puede proceder a una detención tras un registro domiciliario si se encuentran indicios delictivos".

El tribunal no ha aceptado, eso sí, la solicitud de que Isabel Madueño declare 'a puerta cerrada' por el sensible estado psicológico que alegaba su defensa. Ni tampoco la petición de exclusión del procedimiento de la asociación de Accionistas Minoritarios CCF, a quienes han considerado con "toda la legitimación procesal para defender los intereses del club".

Minoritarios seguirá personado como acusación particular. Durante el juicio, han afeado a las defensas que en el 'Caso Chalet' utilizaran como argumento que la Fiscalía "actuase en solitario" y los accionistas del club no se hubieran personado como perjudicados, mientras intentaban excluirlos del juicio por el 'Caso Saqueo'. Mientras, las defensas consideran que, como máximo, les correspondería ejercer la acusación popular, "al no ser perjudicados directos" de los delitos por los que sus clientes están siendo juzgados.

Atendidas las consideraciones previas, los magistrados de la Audiencia han tenido a bien comenzar con las declaraciones de testigos. Y han conseguido escuchar a dos, muchos menos de los que tenían previstos, por lo dilatado de las comparecencias —los restantes tendrán que volver a ser citados—. La palabra la han tomado los agentes de la Guardia Civil que lideraron la investigación del 'Caso Saqueo', que han ratificado las diligencias practicadas en su día.

Han sustentado sus respuestas en la información que obtuvieron de administraciones públicas, bases de datos, auditorías de LaLiga, entidades financieras, cuentas bancarias o interrogatorios. Con ello, concluyeron en un informe que "se habían cometido delitos de apropiación indebida y administración desleal". Es decir, ha matizado el que fuera jefe del área de delitos económicos de la Policía Judicial de Sevilla, "que se estaba sustrayendo patrimonio del equipo de fútbol para que terceras personas se enriqueciesen".

La Benemérita concluyó que el CCF realizó contratos con empresas controladas por los hermanos de Jesús León, como Mencía Projects y Tecnologlobal. Transferidos esos fondos a las compañías, se detectaron por parte de los agentes "hasta tres retiradas de dinero en efectivo próximas a los 40.000 euros cada una".

"Jesús León no adquirió realmente el CCF, sino que lo hizo como testaferro de Luis Oliver, mediante transferencias irregulares"

—  Agente de la Guardia Civil que participó en la investigación

Son también objeto de investigación las transferencias a Aglomerados Córdoba, Argonsa y Grucal Properties para determinar si existió una gestión irregular y perjudicial para los intereses del Córdoba CCF, con el presunto desvío de fondos a través de estas empresas vinculadas a León. No obstante, las defensas de los acusados han reclamado la "revisión completa" de las cuentas de sus defendidos.

Es el caso de la esposa de Jesús León, Isabel Madueño, quien la Guardia Civil colocó como benefactora de dos transferencias del equipo de fútbol, de 10.000 y 11.000 euros, respectivamente. Su letrada ha insistido en que esos fondos fueron devueltos "en días posteriores" a las arcas del club.

Según la investigación policial, casi un millón de euros fue sustraído de las cuentas de Córdoba Sociedad Anónima Deportiva para hacerlo llegar a las de Grucal Propierties. Posteriormente, unos 790.000 euros se derivaron a Aglomerados Córdoba, otros 130.000 a Grucal Infraestructuras y hasta 60.000 a Argonsa —propiedad de José María León—. Fondos que fueron utilizados en parte para adquirir el club de fútbol a Azaveco, empresa propiedad de Carlos González —también condenado en el 'caso chalet'—.

La investigación del Instituto Armado apunta igualmente a que se podrían haber cargado a las cuentas del Córdoba CF gastos personales de Jesús León, como el alquiler de su vivienda.

La sesión se retomará este miércoles, cuando está previsto que declaren Carlos González, Jorge González, Rafael Luis Alcántara, Luis Oliver, Teodoro Brea, Diego Medina y Magdalena Entrenas.