La Justicia condona una deuda de 230.000 euros a un empresario de Córdoba que se arruinó con la crisis del ladrillo

Córdoba

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha decidido anular la deuda de 229.841 euros que había contraído un exempresario cordobés con dos entidades bancarias y varios proveedores al amparo de la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad. En un auto firme, al que ha tenido acceso Radio Córdoba, se confiere a este hombre la posibilidad de empezar de cero, pues más de 61.000 euros del importe total que debía satisfacer correspondían ya a intereses por demora en los pagos.

El beneficiario de esta resolución judicial inició su actividad en el sector de la construcción y las reformas en el año 2005, consiguiendo buenos resultados que le permitieron incluso contar con varios trabajadores a su cargo. La compañía fue solvente hasta prácticamente el año 2007, justo en el límite de que la burbuja inmobiliaria explotase desatando la crisis económica de mayor importancia en una década. El empresario empezó a acumular deudas, tuvo que cerrar la sociedad y empezó a solicitar liquidez a entidades financieras para subsistir junto a su familia.

El agujero económico siguió creciendo tras su divorcio, pues tuvo que alquilar una vivienda y sumar a sus gastos fijos el lógico pago de la pensión de alimentos de sus hijos. Según una estimación realizada por Legalia Abogados, el bufete que le ha representado, el exempresario requiere de unos 1.270 euros mensuales para satisfacer el arrendamiento y sus suministros, los gastos de sus hijos y los propios.

Todo ello sin empleo estable y sin percibir ninguna prestación. Una situación de insolvencia total que le impedía, de cualquier forma, hacer frente a los pagos de los créditos que había suscrito con los bancos, ni a los intereses que los mismos habían generado.

Según el auto, el hombre había contraído deudas con hasta siete empresas dedicadas a las griferías y la azulejería, la demolición, la seguridad o el ferrallado, entre otras actividades. Estas superaban los 74.000 euros, a los que había que añadir los más de 145.000 que tenía pendientes de resarcir a Caja San Fernando —hoy Caixabank— y a Banesto —hoy Banco Santander—.

Solo quedaban los tribunales. Así que el despacho de abogados que ha acompañado al exempresario decidió declararlo en concurso de acreedores voluntario como persona física deudora, una disposición que fue aceptada por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba el pasado mes de febrero. Un paso previo a la solicitud de exoneración de deuda que finalmente ha sido aceptada por el magistrado Antonio Fuentes, tras acreditar que se trataba de un deudor de buena fe sin posibilidad alguna de resarcirse.

Consultado por La SER, el abogado del exempresario, Javier Palomino (Legalia), se ha mostrado "muy satisfecho" por la resolución de los juzgados, esperando que " esta resolución dé a mi cliente una nueva oportunidad para rehacerse y volver a respirar sin estar asfixiado por las deudas". A esto, el letrado añade la importancia de este auto para su cliente, pues "detrás de cada procedimiento concursal no hay solo números, sino vidas".

Palomino asegura que "la Ley de Segunda Oportunidad no se trata de perdonar por perdonar, sino de dar una salida a quienes han hecho todo lo posible por cumplir pero no lo han conseguido". Dice el letrado, "son miles de casos, pues pertenecemos a una generación que ha vivido la crisis del 2008, una pandemia mundial, padece los efectos de una inflación galopante y apenas puede permitirse pagar el alquiler".

Actualmente, el exempresario confía en encontrar un trabajo estable después de haber encadenado algunos contratos temporales con el Ayuntamiento de Córdoba. Mientras, la Justicia ha fallado igualmente exonerarle del pago de una deuda con la Agencia Tributaria que ascendía a 2.410 euros, correspondiente a una declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.