Parlamentarismo fuera del Parlamento
La Fiscalía Superior de Andalucía se querella contra un diputado porque sus opiniones fuera de la Cámara “generan un estado de opinión capaz de cuestionar” las instituciones: que es para lo que fue elegido y por lo que le pagan
La Columna de Dani Cela (12/05/25)
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Dos agentes de la Policía judicial entraron de paisano en el Parlamento andaluz, sin el conocimiento de su presidente ni del letrado mayor, identificaron a un diputado y le entregaron una querella penal de la Fiscalía Superior de Andalucía por unas opiniones políticas que había hecho fuera del Parlamento. Es la primera vez que algo así sucede en 44 años.
El diputado es José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, que dos meses antes había criticado la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.
Dijo, literalmente, que era “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, expresiones que le han acarreado una querella de dos sindicatos policiales, a la que se ha sumado el fiscal.
Adelante Andalucía sólo tiene dos diputados, es el grupo más pequeño de la Cámara legislativa. Pero su caso abre un debate de enorme trascendencia que salpica a todos los partidos: “Contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar (…) una institución o la legalidad de su actuación”¿es un delito, como ha escrito el fiscal, o es es la esencia misma del parlamentarismo?: Cuestionar y fiscalizar al poder.
Todos los partidos han pedido a los servicios jurídicos de la Cámara que elaboren un informe para aclarar si las palabras de un diputado fuera del Parlamento siguen amparadas por el derecho de inviolabilidad que les protege dentro.
El resultado de ese informe puede acotar el espacio del parlamentarismo al propio edificio del Parlamento -bunkerizando aún más el ejercicio de la política- o puede expandir su interpretación, entendiendo que un diputado es un representante del pueblo y sus obligaciones no se extinguen cuando el Parlamento cierra.
Un diputado debe salir a la calle a escuchar a la sociedad civil y a prestar su voz y su altavoz a los más vulnerables. Y pocos hay más vulnerables hoy que las personas como Mamouth.
Probablemente, este asunto terminará en el Tribunal Constitucional, que vela por la libertad de expresión. Pero sería terapéutico que, antes de que resuelvan los jueces, la clase política andaluza sepa sustraerse del sectarismo y la polarización circundante y juzgue este asunto con altura de miras.
