Recta final del juicio por el 'Caso Saqueo': las acusaciones sostienen que se desvió dinero del CCF para enriquecimiento de Jesús León y su entorno

Córdoba

Pese a que estaba previsto que el juicio oral por el conocido como 'Caso Saqueo' concluyese este martes, la amplitud de los informes presentados por las partes ha llevado a la necesidad de habilitar dos sesiones adicionales para que el proceso pueda finalizar y quedar visto para sentencia. "No voy a interrumpir a nadie en su informe, esta Sala es un folio en blanco y ustedes deben contar con el tiempo necesario para expresarse", ha afirmado generosamente el presidente del tribunal, el magistrado Juan Luis Rascón.

La exposición final del Ministerio Fiscal, representado por Jesús Aparicio, ha vuelto a trazar las operaciones de desvío de fondos desde las cuentas del CCF hacia empresas vinculadas o cercanas al que fue presidente del club. La acusación se dirige contra Jesús León, su esposa Isabel Madueño, su hermano Ildefonso León, y Fran López Valero, quien fuera su mano derecha.

Según las acusaciones y, de acuerdo con el testimonio del propio acusado, en el momento de hacerse con el club, Jesús León no disponía de la capacidad económica para hacerlo, lo que le llevó a asociarse con Luis Oliver y depender de préstamos para consumar la adquisición del equipo a AZAVECO, la sociedad de Carlos González. "Jesús León no puso ni un euro para comprar el club", ha concluido el fiscal, apuntando que cuando la relación con Luis Oliver se rompió, empezaron los problemas de impagos a Carlos González.

Concretamente, unos cinco millones, lo que llevó a AZAVECO a iniciar una demanda para recuperar el control de las acciones del club.

El informe del fiscal insiste en que las decisiones económicas del club bajo la dirección de Jesús León se tomaron de forma unilateral, sin consultar al consejo de administración y con ocultación de información. Se menciona que los consejeros se enteraban por la prensa de las relaciones del club con empresas vinculadas a familiares de León y que eran cesados si cuestionaban su gestión.

Uno de los aspectos señalados por la fiscalía son los "contratos de apoyo a la gestión". Jesús León, como presidente del CCF, "se habría contratado a sí mismo a través de sus sociedades, GRUCAL Properties y Aglomerados Córdoba". El fiscal sostiene que ambas empresas "no tenían ni empleados ni medios materiales ni personales" y que Aglomerados Córdoba "carecía de actividad empresarial".

La acusación sostiene que esos servicios de apoyo que León prestaba eran para funciones que ya estaban cubiertas en el organigrama del club, como la dirección deportiva, la de marketing, la de comercial o las finanzas. Aunque el expresidente blanquiverde manifiesta su "dedicación plena al equipo", para la Fiscalía, el empresario "carecía de conocimientos y de experiencia para gestionar un club de fútbol". En total, se transfirió 400.000 euros por esos contratos de apoyo a la gestión.

Jesús León, en su declaración, afirmó que estas transferencias fueron declaradas a Hacienda, negando haberse enriquecido con fondos del club y asegurando que "todo el dinero que salió del Córdoba CF fue restituido, sin excepción". La fiscalía considera que estos actos podrían constituir un delito de apropiación indebida o, en todo caso, de administración desleal, debido al perjuicio económico causado a la entidad.

Según los estatutos del Córdoba CF, el cargo de presidente no está retribuido. Y aunque no constituye ninguna ilegalidad que León cobrase por su labor, esos contratos "deberían haber sido aprobados por los órganos internos del equipo", argumenta el fiscal, "algo que nunca se realizó".

Los préstamos entre el CCF y las empresas de Jesús León son calificados como "contratos simulados", que se habrían utilizado para encubrir movimientos de dinero. Y es que la fiscalía rechaza el argumento de la defensa de "caja única", citando al Tribunal Supremo, que establece que este concepto "no faculta para usar los fondos de una sociedad para saciar las deudas de otras".

Acusación particular: Accionistas Minoritarios y Club

El abogado que representa a los Accionistas Minoritarios del Córdoba Club de Fútbol, cuya legitimidad en el procedimiento fue cuestionada por las defensas, ha afirmado que su acusación es legítima debido a que la sociedad no era propiedad al 100% de Jesús León, sino que hay cientos de actores más en el 1,3% de las acciones que no estaban bajo el control del presidente. Esta parte de la acusación ha señalado que la defensa ha intentado sugerir que Jesús León podía actuar libremente con el Córdoba CF por tener la mayoría de las acciones, pero que esta interpretación no es correcta.

La acusación particular de los accionistas también ha recordado que no se ha negado la existencia de los contratos de apoyo a la gestión ni el cobro de los mismos, sino que lo que se niega es la naturaleza delictiva de dicho cobro. En cuanto a Fran López Valero, quien fue director financiero de GRUCAL y del CCF, su declaración de no haberse sentido coaccionado ni amenazado para firmar contratos y facturas lo implica directamente. De esta forma, el lo considera 'cooperador necesario', señalando que actuó con "conocimiento de los hechos" y realizó "actos decisivos", aunque no haya pruebas de enriquecimiento personal por su parte.

Se ha reiterado que se emitieron facturas falsas a favor de las empresas de Ildefonso León, Tecnoglobal y Mencía Projects. La acusación particular subraya que la falsedad documental en documento mercantil está "más que probada", incluso reconociéndola las defensas, con independencia del uso posterior del dinero. Los acusados sostienen que el dinero regresaba al club mediante pagos en efectivo, citando el testimonio del futbolista Aythami Artiles quien reconoció haber recibido 60.000 euros en metálico.

Sin embargo, la acusación particular de los accionistas ha recalcado que "nadie ha demostrado que eso se producía", calificándolo como "un hecho dudoso", y que no se ha presentado ningún "recibí" o prueba documental de esas transacciones.

Además, el abogado que representa al Córdoba Club de Fútbol, ejerciendo también la acusación particular, ha manifestado que Isabel Madueño tenía conocimiento, en mayor o menor medida, de las actividades de su marido, aportando como evidencia la existencia de mensajes de Telegram del matrimonio. Unas conversaciones que para la defensa de los acusados no deberían ser tenidas en cuenta "por vulneración del secreto a las comunicaciones".

Las defensas de José María León e Isabel Madueño lamentan 'pena de banquillo' de sus clientes

El abogado defensor de José María León, hermano de Jesús León, ha tomado la palabra tras la retirada de la acusación que pesaba sobre su cliente en calidad de responsable a título lucrativo. Ha lamentado la "pena de banquillo" que su cliente ha soportado durante cinco años, con repercusiones personales, empresariales y económicas. El letrado ha argumentado que la imputación de su representado "carecía de fundamento probatorio" y que "respondía a una actuación discutible de los agentes instructores de la Guardia Civil", así como a la "no atención del juez instructor a las pruebas documentales y al empecinamiento de las acusaciones".

Por su parte, la letrada que representa a Isabel Madueño ha solicitado la absolución total de su defendida, a quien el Ministerio Fiscal solicita finalmente dos años de prisión por supuestas transferencias de hasta 66.000 euros a su cuenta bancaria, que procederían del Córdoba Club de Fútbol. La Guardia Civil sostiene que León transfirió ese dinero a la cuenta de su mujer para gastos personales. Mientras, la abogada de Madueño rechaza que esta operación constituya un delito de blanqueo de capitales.

Se apoya en que "no se han probado elementos clave para la acusación por blanqueo, como la conexión con grupos criminales, la existencia de empresas pantalla, movimientos en metálico fuera de lo común o un crecimiento patrimonial desorbitado". Además, ha puesto de relieve que "las transacciones supuestamente sospechosas se realizaron mediante transferencia bancaria, es decir, fiscalizadas y sobre las que no saltó ninguna alarma en el seno de las propias entidades financieras". Madueño argumenta la "confianza total en su marido y que recibió el dinero para hacerse cargo de los gastos familiares".