"El autobús venía arrastrando anomalías desde 2021 y el conductor no cumplió sus descansos reglados"

Cádiz

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido cinco años de prisión para el empresario y el conductor del autobús accidentado en octubre de 2023 en la glorieta del puente de la Constitución de 1812, en Cádiz capital, un siniestro que causó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos jóvenes estudiantes. En su escrito de acusación, el Ministerio Público los responsabiliza de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y solicita, además, la inhabilitación para ejercer sus profesiones durante ocho años.

Según el documento, el autobús de la empresa Medina Travel Bus llevaba tiempo circulando con graves defectos en el sistema de frenado, conocidos por su propietario. Durante varios meses, entre abril y agosto de 2023, el vehículo no pasó la ITV y, pese a ello, realizó más de 120 servicios. Aunque finalmente logró una inspección favorable, arrastraba todavía desequilibrios en la frenada que no fueron corregidos. La Fiscalía sostiene que, para seguir utilizándolo, el sistema de frenos fue manipulado de forma deliberada.

El conductor, que ese 9 de octubre había incumplido sus tiempos legales de descanso, recogió a 23 estudiantes en Jerez de la Frontera con destino a Cádiz. En el descenso del puente de la Constitución, superó los 100 km/h pese a las señales de reducción progresiva de velocidad. Cuando intentó frenar, el sistema no respondió eficazmente. El autobús cruzó la glorieta Miguel Ángel Blanco, invadió la mediana y terminó en la acera, atropellando mortalmente a dos jóvenes de 17 y 19 años, una mujer de 60 y un hombre de 86, que murió días después en el hospital.

La investigación pericial concluyó que el autobús tenía un sistema de frenado “ineficaz y peligroso” y que el conductor pudo haber evitado el accidente si hubiera actuado con más diligencia al volante. El fiscal lo acusa de una conducción negligente, desatenta y a velocidad inadecuada, mientras que al empresario se le atribuye haber permitido que el vehículo circulase a sabiendas del riesgo que representaba.

El Ministerio Público solicita también que la empresa aseguradora del autobús, Patria Hispana S.A., asuma la responsabilidad civil directa del caso. En total, las indemnizaciones por daños personales, materiales y psicológicos ascienden a 519.225,43 euros, según el baremo legal de 2023. Entre los afectados figuran los familiares de las víctimas mortales, varios pasajeros heridos, un peatón con secuelas psicológicas y el Ayuntamiento de Cádiz, por los daños en el mobiliario urbano.

La Fiscalía también ha pedido al juzgado que deduzca testimonio para investigar una posible falsificación documental relacionada con los tiempos de descanso del conductor, registrados de forma presuntamente incorrecta en el tacógrafo del vehículo.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Cádiz una vez se practiquen las diligencias necesarias y se señale la fecha.