'Operación Borraska': Un detenido en Córdoba dentro de la red que ciberatacaba a organismos públicos y empresas
La Policía Nacional ha arrestado a cuatro personas en todo el país, entre ellas el exsecretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez
Los estafadores crearon numerosas tiendas por internet, a través de una plataforma de subastas / Getty Images
Córdoba
La Policía Nacional ha desmantelado una red de inteligencia dedicada a cometer ciberataques a organismos públicos y empresas estratégicas. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas en Madrid, Córdoba y Andorra.
Los detenidos desempeñaban funciones críticas y muy especializadas dentro de una estructura jerárquica y compartimentada, según explica en una nota la Policía Nacional.
La organización había logrado desarrollar una infraestructura tecnológica sofisticada con servidores en la nube, cifrado de extremo a extremo, identidades interpuestas y transacciones con criptoactivos , que permitía mantener oculta su operativa.
El grupo mantenía relaciones personales y profesionales de larga trayectoria, que fueron instrumentalizadas para expandir su estructura, legitimar socialmente su actividad y proyectar servicios de inteligencia privada encubiertos como consultoría tecnológica.
Además de los arrestos, los agentes han logrado la intervención completa de los sistemas utilizados de forma fraudulenta, la recuperación de bases de datos sensibles y la neutralización de su capacidad operativa.
Todo empezó en 2024
La operación se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales.
Esta capacidad les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social. Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Red de inteligencia privada con proyección internacional
La estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas: administración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización en mercados oscuros. Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados.
La red instrumentalizó sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de “consultoría” que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales
Recuperación de bases de datos sensibles y la neutralización de su capacidad operativa
Uno de los logros más importantes de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red. A pesar del uso de identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de acceso, los investigadores consiguieron identificar y desmantelar los servidores principales, así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube.
Esta actuación ha permitido salvaguardar información sensible vinculada a millones de ciudadanos, entre la que se incluían datos personales procedentes de sistemas educativos, el registro civil, registros de mascotas, abonos de transporte, registros telefónicos y plataformas de facturación de compañías eléctricas.
Además, las pesquisas apuntan a que muchas de las instituciones cuyos sistemas fueron vulnerados podrían no ser plenamente conscientes de la intrusión ni del uso encubierto de sus bases de datos e información empresarial por parte de la red. La sofisticación de los accesos y el camuflaje técnico empleado dificultaron la detección temprana de la actividad ilícita.
Según la Policía: "La intervención de esta red constituye un paso decisivo en la protección de la seguridad nacional, la privacidad de millones de ciudadanos y la integridad de las instituciones públicas y privadas".
La magnitud del sistema intervenido, la sofisticación de sus operaciones y la escala de datos gestionados, posicionaban a esta organización como "una amenaza estructural con capacidad de desestabilización económica y estratégica".
