El Pleno de la Cámara de Cuentas paraliza la fiscalización de los contratos menores de la Junta correspondientes a 2022 y 2023

Sevilla

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde PP y Vox suman mayoría, ha paralizado la fiscalización de los contratos menores correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. Se trata de una muestra representativa de contrataciones realizadas por distintos organismos dependientes de la Junta de Andalucía, entre ellos el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La decisión fue adoptada en Pleno el pasado 15 de mayo y carece de justificación técnica, ya que el informe se encontraba en fase avanzada y había superado sin objeciones la revisión técnica interna. No obstante, según ha confirmado la Cámara a la SER, la paralización responde a la existencia de investigaciones judiciales en curso.

Fuentes de la institución explican que la decisión busca “mantener una posición neutral para evitar interferencias en los procedimientos judiciales” y aseguran que “en situaciones similares, se ha actuado del mismo modo, con amparo en la legislación vigente”.

Sin embargo, las causas abiertas no afectan al periodo que estaba siendo fiscalizado: una investigación en un juzgado de Cádiz hace referencia a contratos menores del SAS de 2021, mientras que otra en Sevilla se centra en contratos de emergencia, no en contratos menores ordinarios.

Además, la paralización del informe se produjo tras una modificación del Manual de Procedimientos de la institución, aprobada el 10 de abril, que exige ahora la votación formal de las directrices técnicas del informe —un trámite que hasta ese momento no era necesario—. El nuevo procedimiento fue aplicado al documento técnico del informe, que fue rechazado en Pleno el 15 de mayo, con los votos en contra de los consejeros propuestos por PP y Vox.

A esto se suma que la Consejería de Hacienda se negó a facilitar documentación requerida por la Cámara dentro del plazo legal, condicionando la entrega a la remisión de las directrices técnicas, un documento interno no previsto en la normativa como requisito para la colaboración.

Desde la oposición, el PSOE advierte de que podría acudir a los tribunales para defender la autonomía del órgano fiscalizador, mientras que Por Andalucía acusa al PP de utilizar su mayoría para “tapar los casos de corrupción”.

Representantes de la Cámara denuncian que esta decisión supone una interferencia directa en la independencia del órgano, cuya labor de control externo está encomendada por el Parlamento andaluz.