Un centenar de trabajadores de Cruz Roja Córdoba pleitean contra la ONG por sus condiciones salariales

Córdoba

Los juzgados de lo Social de Córdoba han empezado a afrontar el aluvión de demandas presentadas por trabajadores de Cruz Roja Española en la provincia de Córdoba que venían reclamando ser retribuidos según los criterios establecidos en el convenio marco de su sector, el de Acción e Intervención Social. No aplicarlos habría supuesto un perjuicio de entre 2.500 y 5.000 euros anuales para los empleados de la entidad.

Una sentencia del año 2023 del juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ya dio la razón a los asalariados de la ONG en la provincia. El texto establecía entonces que "con independencia de las mejoras que puedan introducirse en el convenio del centro de trabajo, deben respetarse como mínimo de derecho las condiciones salariales y de trabajo recogidas en el convenio marco del sector". Sin embargo, Cruz Roja recurrió esa decisión judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la dejó sin efecto.

Así que a falta de una resolución colectiva, muchos empleados decidieron reclamar atrasos por las diferencias salariales y los complementos recogidos en el convenio marco de Intervención Social que no habían percibido durante años. Según ha podido saber Radio Córdoba - Cadena SER de fuentes judiciales, el número de demandas presentadas se acerca al centenar. Esto supondría que aproximadamente el 50 % de plantilla de la ONG en Córdoba habría reclamado diversas cantidades.

Aunque no hay un criterio único en los tribunales. En una sentencia reciente, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el juzgado de lo social número 5 de Córdoba estima la demanda de una monitora de Cruz Roja Córdoba que solicitaba los complementos de experiencia y de turnicidad. Dos 'extras' salariales que no contempla el convenio colectivo de la empresa, pero que sí están recogidos en el general de la actividad.

La magistrada titular resolvió que Cruz Roja debía abonar a la demandante "las diferencias salariales derivadas de la no aplicación de las tablas salariales del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social desde julio de 2022 hasta febrero de 2025". Así, la ONG resulta condenada a ingresar 3.565 euros a la monitora tras estimar parcialmente sus demandas.

Otros juzgados no están siguiendo la misma dirección. Y además, fuentes sindicales han confirmado a esta redacción que Cruz Roja está recurriendo a tribunales superiores las sentencias en las que resultan victoriosos sus empleados.

El presidente del Comité de Empresa en Córdoba, Manuel Álvarez, lamenta que "a día de hoy, la ONG sigue sin abonarnos el salario que por Ley nos corresponde". Así, detalla que, "aunque desde el año 2023 esté aplicando al fin el convenio marco del sector, lo hace con un criterio que se basa en 'horas de trabajo efectivas', lo cual también supone un perjuicio para el empleado".

Con todo, Álvarez matiza que "los trabajadores nos sentimos orgullosos del trabajo de nuestra institución en todas las áreas que se desarrolla, pero lamentamos que a nivel organizativo a los altos cargos les esté faltando humanidad con sus empleados". Portavoces de los sindicatos han lamentado en varias ocasiones que "algunos trabajadores de la entidad social, que realiza una función imprescindible, están en una situación económica más vulnerable que algunos de los usuarios que atienden".

El problema se replica en otras provincias del país, aunque establecer un criterio único es imposible, pues pese a que la entidad tiene un único Código de Identificación Fiscal (CIF), Cruz Roja ha desarrollado convenios diferentes para cada territorio. En otros puntos de España, la cuestión también ha llegado hasta los juzgados.