Atrapado en un limbo legal: siete años esperando ser reconocido oficialmente como español

Málaga

Tiene 23 años y vive en Vélez-Málaga (España) desde que tenía apenas dos. Sin embargo, no puede trabajar, estudiar, abrir una cuenta bancaria, contratar un teléfono móvil ni obtener el permiso de conducir. Tampoco puede regularizar su situación como extranjero. ¿La razón? Aunque una sentencia judicial lo reconoce como ciudadano español e hijo de un español, el sistema judicial se niega a dar el último paso para oficializar su nacionalidad: permitirle prestar juramento como exige la ley. La parálisis administrativa lo mantiene en un limbo legal desde hace siete años.

La historia de se este joven se remonta a principios de los años 2000. Llegó a España desde Marruecos con su madre, Mbarka, cuando solo tenía dos años. Poco después, Mbarka lo dejó al cuidado de Ramón, un trabajador agrícola de escasos recursos en la provincia de Málaga. Lo que nadie más sabía —ni siquiera la esposa de Ramón— era que él era el padre biológico de este menor. Durante años, Ramón crió al niño como propio, sin reconocerlo legalmente para evitar confesar su infidelidad y dañar su matrimonio.

Ramón y su esposa acogieron a al niño con amor y entrega. Su esposa, sin conocer la verdad, lo crió como si fuera un hijo adoptivo, creyendo que hacían una obra solidaria. Solo tras la muerte de ella, en 2018, Mbarka decidió interponer una demanda de paternidad, con el fin de que su hijo fuese finalmente reconocido legalmente por su padre. Ramón aceptó la paternidad de inmediato, dispuesto a enmendar años de silencio.

Tres años para una sentencia evidente

A pesar de que todas las partes estaban de acuerdo en el proceso de filiación, el Juzgado de Primera Instancia número dos de Vélez-Málaga tardó tres años en emitir la sentencia. Un retraso que, según denuncian los abogados de este joven de 23 años, se debió a un funcionamiento deficiente del juzgado, marcado por errores administrativos, demoras por bajas laborales y una notable falta de diligencia. La resolución, que debía ser un mero trámite técnico, se convirtió en un vía crucis burocrático.

La sentencia finalmente reconoció lo que todos ya sabían: era hijo de Ramón y, por tanto, español de origen conforme a la legislación vigente. Sin embargo, ese reconocimiento legal no significó el fin de los problemas.

Más trabas: el juzgado se niega a enviar la sentencia al Registro Civil

Lejos de facilitar el proceso, el mismo juzgado que emitió la sentencia se negó a remitirla al Registro Civil para su inscripción. Alegaron que no era de su competencia, pese a que es un paso indispensable para que el reconocimiento tenga efectos prácticos. Solo tras un recurso legal y una queja al Defensor del Pueblo Andaluz se logró desbloquear esta nueva traba. La sentencia fue finalmente enviada, y el joven quedó inscrito como hijo de Ramón, pero su nacionalidad seguía sin formalizarse.

Cumple 18 y todo se paraliza: juramento denegado

Al alcanzar la mayoría de edad, el joven debía prestar juramento de nacionalidad, un requisito formal para que su condición de español fuera reconocida plenamente. Pero el Juzgado de Vélez-Málaga se negó a tramitar esta diligencia. Alegaron, sin más, que no les correspondía. Ese simple acto —una comparecencia breve ante el juez para jurar fidelidad a la Constitución— es el único trámite que falta para que este joven pueda obtener su DNI y pasaporte españoles.

Sin ese juramento, no puede acceder a ningún derecho ciudadano. Y sin documentación, no puede estudiar formalmente, trabajar legalmente ni tan siquiera acceder a servicios básicos. Tampoco puede regularizar su situación como extranjero, ya que la Policía se lo impide: la sentencia que lo declara español bloquea cualquier intento de obtener un permiso de residencia como inmigrante.

Siete años sin papeles, con sentencia firme en la mano

Actualmente, con 23 años y una sentencia firme desde hace años que lo declara español de nacimiento, el joven sigue siendo invisible para el Estado. Vive atrapado en un vacío legal creado por la inacción de las instituciones, víctima de un sistema judicial que primero demoró su reconocimiento y ahora se niega a cumplir su propia resolución.

El caso de este joven no solo evidencia un fallo concreto en un juzgado, sino que pone de relieve una grieta estructural en el sistema jurídico español: la desconexión entre el reconocimiento judicial de derechos y la voluntad administrativa de hacerlos efectivos. La omisión institucional —que va desde el juzgado hasta el Registro y la Policía— convierte la vida de una persona en una condena sin juicio.

Mientras tanto, el joven vive entre sombras, sin documentos, sin voz legal, sin derechos. Lo único que le falta para existir oficialmente como español es que alguien le permita decirlo en voz alta ante un juez: "Sí, juro".