El Sindicato de Inquilinas acusa a Junta y Ayuntamiento de actuar como los grandes tenedores, desahuciando y "acosando" a los arrendatarios

Málaga

El sindicato de Inquilinas ha criticado hoy la gestión del parque público de viviendas por parte de la Junta de Andalucía a través de AVRA, la empresa pública de vivienda, y del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del ayuntamiento de Málaga. El portavoz del sindicato, Curro Machuca, sostiene que se trata de una gestión "opaca, muy poco transparente y arbitraria a más no poder" y lamenta que la gestión de viviendas del IMV se encuentre externalizada a una consultora, un hecho que relaciona con presuntas "irregularidades". "Hablamos de la falta absoluta de mantenimiento en las viviendas o de una gestión absolutamente arbitraria", indica Machuca. "Se nos dice desde la institución municipal que el IMV no lleva a cabo procesos de lanzamiento por impago: eso es falso", sentencia. El portavoz del Sindicato de Inquilinas de hecho acusa a estas administraciones de comportarse "exactamente igual que los grandes tenedores, que el rentismo inmobiliario, acosando al inquilinato". "El punto álgido de este despropósito llega con una acumulación de casos donde se exige de manera irregular y repentina el abandono de la vivienda sin ninguna justificación, como pasó en el caso de la corrala de calle Jara en La Trinidad", añade.

Desde la plataforma 'Un Techo Por Derecho', Rosa Galindo, que ha intervenido junto a Machuca frente a la Casona del Parque, ha cifrado en cerca de doscientos los desahucios pendientes que tiene el IMV, y le acusa de estar desalojando a familias con hijos menores, en su mayor parte mujeres. “El Casero Público hace una gestión, como ha contado el compañero, deficiente y negligente. Deficiente porque no da respuesta al problema y negligente porque como hemos visto en La Trinidad, Maqueda y más recientemente en Lagunillas, las justificaciones para expulsar a las inquilinas por la fuerza son ridículas y en la mayoría de los casos inexistentes”, ha indicado Galindo

Junto a ellas ha comparecido Sanae Ahnouch, madre de tres menores, y víctima de violencia machista. Ha llegado a un acuerdo con el juzgado para dejar en diciembre, de forma voluntaria, la vivienda en la que reside con sus hijos porque es propiedad del padre de su expareja y agresor, que se encuentra en prisión cumpliendo condena. Forma parte de las personas en extrema vulnerabilidad seleccionadas por el denominado 'Comité Fres' del ayuntamiento de Málaga para ser adjudicatarias de una vivienda pública, pero hasta el momento, no ha sido seleccionada. Sanae sostiene que desde el IMV le señalan que son 30 mujeres en ese cupo y lamenta que su vida dependa "de un sorteo", una situación que le supone un día a día de "sufrimiento, insomnio y ataques de ansiedad" al verse en la calle en meses con sus tres hijos sin una solución habitacional.

Rosa Galindo señala que hay una gran cantidad de viviendas vacías en manos del IMV y AVRA. “Desde el Ayuntamiento acusan a nuestras compañeras de ocupar estas viviendas de manera irregular y nosotras nos preguntamos: ¿cómo puede ser que el IMV y el AVRA tengan viviendas vacías? Algo no cuadra”.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga anuncian el pistoletazo de salida a "una campaña de denuncia por la mala gestión del Casero Público y de autoorganización de las afectadas".