“Me presento al examen sabiendo que voy a suspender porque no me dan la adaptación que necesito”

Este fin de semana, más de 6.000 aspirantes se presentarán en la provincia de Málaga a las oposiciones para acceder a los cuerpos de maestros, profesores de enseñanza secundaria, música, artes escénicas y escuelas oficiales de idiomas, dentro de un total de 41.808 candidatos en toda España. Entre ellos, también habrá un número indeterminado pero significativo de personas con dislexia, una dificultad específica del aprendizaje que, aunque no es considerada una discapacidad, puede suponer un gran obstáculo en pruebas basadas en la lectura y la escritura.

Desde hace más de cinco años, la Federación de Dislexia en España viene reclamando que los exámenes de oposición incluyan adaptaciones para las personas con dislexia, tal y como ya ocurre en primaria, secundaria, bachillerato y la universidad. Sin embargo, al llegar al acceso a la función pública, estas medidas desaparecen, lo que supone una clara desigualdad de oportunidades para quienes tienen este trastorno neurobiológico. “Es un trastorno neurobiológico, no una discapacidad, pero en los procesos selectivos no se tienen en cuenta sus particularidades, como sí se hace en la etapa educativa”, ha explicado Alicia Vilches, portavoz de esta federación. Ya puedes escuchar la entrevista que ha concedido en el programa Hoy por Hoy Málaga.

Esta federación viene exigiendo al Ministerio de Función Pública y al Congreso que se reconozca la dislexia como una condición que requiere medidas específicas en las oposiciones. Vilches ha explicado que en octubre presentaron una enmienda para incluir un apartado específico en la nueva Ley de Acceso a la Función Pública y que actualmente se encuentra en evaluación.

Entre las principales demandas de este colectivo está que no se penalice la falta de ortografía derivada de la dislexia, que se ajusten los tiempos de examen y que se permitan descansos, puesto que el esfuerzo cognitivo para las personas con dislexia es mucho mayor. Actualmente, las adaptaciones solo se conceden a quienes acreditan una discapacidad superior al 33%, dejando fuera a quienes tienen un grado menor o solo dificultades de aprendizaje.

 Alicia Vilches explica que la dislexia afecta principalmente a la lectura y, en algunos casos, también a la comprensión del lenguaje, pero no a la capacidad intelectual, y que muchas personas con este trastorno han superado todas las etapas educativas con éxito, pero se ven frenadas en el último escalón: las oposiciones.

Elia, una opositora de Lucena con dislexia, disortografía y disfasia, se presentará este sábado a las oposiciones en Málaga por la especialidad de Educación Física. Con dos másteres y una trayectoria profesional destacada, asegura que cada año acude a las pruebas sabiendo que va a suspender: “No me dan ninguna adaptación útil. Me siento desprotegida, frustrada y agotada”.

Tanto Elia como Alicia coinciden en que esta situación está provocando graves consecuencias emocionales entre quienes, como ellas, luchan por un puesto en la educación pública: “Hay opositoras con excelente formación que acaban en depresión porque no se les reconoce un derecho básico: la igualdad de oportunidades”.

Elia también denuncia que, aunque en años anteriores podía solicitar ciertas adaptaciones con un 19% de minusvalía, ahora no se permite ni siquiera adjuntar informes, lo que la obliga a presentarse sin las medidas que realmente necesita. “Voy a ir al examen sabiendo que voy a suspender”, afirma.

La Federación de Dislexia y las asociaciones implicadas siguen luchando por la inclusión de un apartado específico en la nueva ley de acceso a la función pública que regule las adaptaciones para personas con dificultades de aprendizaje. Actualmente, una enmienda presentada en el Congreso está siendo valorada, aunque el proceso legislativo avanza lentamente. Mientras tanto, los aspirantes con dislexia continúan enfrentándose a una barrera invisible que les impide competir en igualdad de condiciones.