La familia del menor apuñalado en El Arenal pedirá en el juicio 400.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía

Córdoba

Los familiares del menor que resultó apuñalado mortalmente el pasado 1 de febrero en el recinto ferial de El Arenal han ampliado la petición de penas realizada la Fiscalía de Menores de Córdoba. En el escrito de calificación del Ministerio Público, que ya adelantó Radio Córdoba, se reclamaba la imposición de ocho años de internamiento terapéutico en un centro especializado en Salud Mental de régimen cerrado, además una pena consecutiva de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Es la petición máxima que permite la Ley, al tratarse de un menor el presunto autor de lo que la Fiscalía califica de "posible asesinato con alevosía". Además, la noche en que ocurrieron los hechos, sobre el agresor pesaba una orden de búsqueda de la Policía Nacional, pues se había fugado del centro de protección de menores dependiente de la Junta de Andalucía en el que estaba interno.

Mientras, la acusación particular de la familia, que está representada por el letrado Carlos Arias, suscribe el relato de la Fiscalía en su escrito, aunque puntualiza que el joven debería ingresar durante ocho años en un correccional de menores 'al uso' y no en un centro terapéutico.

Además, según ha podido saber La SER, añade una petición de 400.000 euros en concepto de indemnización por el irreparable daño que ha supuesto la muerte de Alejandro Ortega. Esta reclamación económica en concepto de responsabilidad civil se dirige directamente a la administración autonómica, por ser el ente que tutela legalmente al presunto agresor.

La víctima, de 16 años, se encontraba junto a sus amigos celebrando un cumpleaños. El agresor se acercó con un amigo para pedirle alcohol, la víctima se negó y como consecuencia resultó apuñalada en el abdomen con una navaja de grandes dimensiones. La herida la provocó una fuerte hemorragia y la pérdida de gran cantidad de sangre de forma muy rápida, lo cual le causó la muerte.

Sobre el amigo del presunto agresor se ha archivado la causa, al no encontrarse motivos suficientes para su procesamiento. De hecho, según el relato de este joven, cuando ocurrieron los hechos salió corriendo por el miedo que le produjo la situación, algo que se habría ratificado a lo largo de la investigación realizada.

Actualmente, el acusado del presunto asesinato permanece interno en un centro de régimen cerrado de Salud Mental por orden del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, que actuó en funciones de guardia. Su evaluación psiquiátrica acreditó que padece un "trastorno de conducta", pero con la apreciación de que "el mismo no influye en su capacidad para ser consciente de sus actos".