Los juzgados de San Roque y La Línea perderán tres trabajadores a partir del 1 de julio

CSIF ha expresado su profunda preocupación ante la decisión de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de cesar, el próximo 1 de julio, a la mayoría del personal de refuerzo estructural en los órganos judiciales, a excepción de los del Pacto de Estado contra la Violencia.

Esto ocurre especialmente en los juzgados mixtos afectados por la Fase I de implantación de los Tribunales de Instancia en aplicación de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En la provincia, son varios juzgados afectados, perdiéndose así 11 trabajadores: tres en Barbate, dos en Puerto Real, dos en La Línea y uno tanto en San Roque, como en San Fernando, Sanlúcar y Chiclana.

CSIF ha señalado que, a pesar de que la Consejería justifique esta medida con la entrada en funcionamiento de la nueva estructura judicial, “se trata de una decisión precipitada e injustificada, ya que, a día de hoy, la implantación efectiva de los Tribunales de Instancia no está garantizada en la fecha prevista, el 1 de julio, ya que los sistemas informáticos necesarios para su funcionamiento aún no están plenamente operativos”, tal y como ha explicado el presidente autonómico del sector de Justicia de CSIF, Diego Díaz, quien ha añadido que “todo indica que dicha implantación podría posponerse, previsiblemente, hasta después del verano, lo que generaría un vacío operativo de al menos dos o tres meses en órganos judiciales que ya soportan una elevada carga de trabajo”.

La Central Sindical también ha señalado que, además de la evidente disminución de recursos humanos durante este período transitorio que coincide con el período estival y con las vacaciones del personal, esta decisión conllevaría una pérdida irreparable de experiencia y conocimiento, ya que parte de los profesionales afectados llevan años prestando sus servicios con eficacia y compromiso.

“En el caso de que las nuevas plazas no fueran cubiertas mediante convocatorias de Comisión de Servicios por personal titular, sería necesario volver a nombrar personal interino, lo que generaría una situación de inestabilidad que el actual personal de refuerzo ya ha superado”.

“Desde CSIF instamos a la Consejería de Justicia a reconsiderar urgentemente esta medida de cese generalizado. Es necesario garantizar la estabilidad de los juzgados afectados y evitar un colapso organizativo en plena transición hacia el nuevo modelo judicial, al menos hasta que los Tribunales de Instancia estén plenamente operativos o las nuevas plazas hayan sido cubiertas mediante Comisión de Servicios o en el Concurso de Traslados que se convocará a primeros de mes de julio.