Ecologistas presentan recurso de alzada contra la autorización de la mina de Aznalcóllar

Sevilla

Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera en Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla.

Las organizaciones denuncian que el procedimiento presenta graves deficiencias legales y ambientales, por lo que solicitan su anulación y una revisión en profundidad de todo el expediente, han informado en un comunicado.

Este recurso se presenta tras dar el visto bueno a finales de mayo la Consejería de Industria, Energía y Minas a la reapertura de la explotación por parte de Minera los Frailes al autorizar el proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Aznalcóllar, donde se produjo un vertido tóxico en 1998 por la rotura de una basa de residuos, han recordado las organizaciones ecologistas.

Según las organizaciones recurrentes, ese precedente debería bastar, por sí solo, para exigir el máximo nivel de cautela y garantía ambiental ante cualquier nuevo intento de explotación minera en la zona.

Entre los principales motivos del recurso señalan la ausencia de una concesión minera válida para la empresa promotora (Minera los Frailes), así como deficiencias documentales que, a juicio de las organizaciones, deberían haber motivado la inadmisión de la solicitud desde su inicio.

Añaden el incumplimiento de procedimientos esenciales de evaluación ambiental, incluyendo la falta de una Declaración Ambiental Estratégica para el plan especial vinculado a la explotación y la no tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de beneficio.

También han alegado que la autorización de un vertido al estuario del Guadalquivir "no ha sido adecuadamente evaluada ni sometida a la participación pública requerida, y que podría vulnerar la normativa básica estatal en materia de calidad de aguas y de protección de espacios como Doñana".

Otro argumento de la denuncia es el uso previsto de la corta de Aznalcóllar como depósito de residuos mineros sin haber realizado un análisis de vulnerabilidad frente a accidentes graves ni disponer de un plan de emergencia exterior, pese a que el lugar ya fue objeto de una catástrofe ambiental en 1998.

Con el recurso se han aportado cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de diversas universidades andaluzas y el último, de junio de 2025, analiza episodios recientes de contaminación desde el recinto minero hacia el río Agrio, asociados a las lluvias de marzo, lo que plantea, según estas organizaciones, "serias dudas sobre el control de emisiones y el cumplimiento de la normativa de aguas incluso antes del inicio de la fase operativa del proyecto".