La Fiscalía de la Audiencia Nacional identifica a 250 explotaciones ilegales en Doñana

Sevilla

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha detectado un total de 250 explotaciones que extraían agua de manera ilegal en el entorno de Doñana, un hallazgo que está detrás de la exigencia de responsabilidad medioambiental solicitada al Ministerio para la Transición Ecológica y que explica en parte el retraso en la llegada de las ayudas comprometidas a los agricultores del Condado de Huelva.

En una entrevista concedida a Hora 14, el fiscal Manuel Campoy ha detallado que esta actuación nace de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2021 condenó a España por incumplir la protección de Doñana. “La Comisión Europea denunció la extracción ilegal de aguas subterráneas que estaba afectando gravemente al acuífero”, ha explicado Campoy.

Tras abrir diligencias, la Fiscalía encargó a la Unidad Central del Seprona identificar a los responsables de estas extracciones. El resultado fue la localización de 250 operadores sin concesión o excediendo con creces las autorizaciones. La mayoría se sitúan en la provincia de Huelva.

Según el fiscal, la vía que ahora está en curso no es penal sino administrativa, amparada en la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007. Su objetivo no es sancionar, sino paralizar la extracción ilegal de agua y obligar a los responsables a reparar el daño causado al acuífero y al ecosistema. “La administración tiene seis meses para tramitar este procedimiento y establecer medidas de corrección”, ha recordado Campoy.

Este proceso coincide en el tiempo con la llegada del segundo pago de 35 millones de euros transferido esta semana a los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana. Sin embargo, los agricultores denuncian que las ayudas directas aún no se perciben, mientras el Ministerio trabaja en la publicación de las bases reguladoras para los regantes, prevista antes de que finalice el mes.

La investigación de la Fiscalía y la obligación de depurar responsabilidades están ralentizando la ejecución del acuerdo, un Pacto de Doñana que ahora se tambalea por la desconfianza del sector y la presión judicial. El Ministerio deberá decidir si impone medidas reparadoras y de paralización a las explotaciones infractoras, mientras los productores reclaman certidumbre para poder planificar la próxima campaña.