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Sociedad

PSOE y Con Málaga exigen al alcalde saber el dinero público de La Rosaleda

Ambas formaciones acusan al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de ocultar cifras

"Exigimos explicaciones" Toni Morillas (Con Malaga) y Josele Aguilar (PSOE)

Málaga

El PSOE de Málaga y la confluencia de izquierdas Con Málaga han exigido este lunes explicaciones detalladas sobre el dinero público gastado en el fallido intento de convertir La Rosaleda en sede del Mundial 2030. Desde ambas formaciones se acusa al alcalde, Francisco de la Torre, y al resto de administraciones implicadas, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, de la falta de transparencia y de priorizar intereses privados frente al proyecto deportivo.

Desde el PSOE, el secretario general provincial, Josele Aguilar, y el portavoz municipal, Daniel Pérez, comparecieron en las explanadas de La Rosaleda para exigir responsabilidades políticas en las tres administraciones implicadas.

Josele Aguilar ha calificado la renuncia de Málaga como sede del Mundial como un "gran fracaso" y ha señalado directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno. "Mientras que en Sevilla se invierte, aquí se renuncia. Juanma Moreno, en este caso, es un gran traidor en Málaga", ha afirmado.

Por su parte, Daniel Pérez calificó de "fiasco absoluto" la gestión del Ayuntamiento con respecto a La Rosaleda. Acusó al alcalde de "engañar a la FIFA, a la Federación Española, al Málaga y a toda la afición malaguista" y denunció que, mientras se agotaban los plazos, "no se movía una sola piedra".

Desde la coalición Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que el Ayuntamiento ha destinado más de 800.000 euros a estudios sobre la explotación comercial del estadio, incluyendo un hotel y un centro comercial, mientras no se avanzaba en la remodelación exigida por la FIFA. "El alcalde ha antepuesto los negocios y pelotazos urbanísticos al interés general. Queremos saber cuánto dinero se ha dilapidado en este fracaso" ha declarado.

Entre los gastos señalados se encuentran más de 300.000 euros en estudios de explotación comercial, otros 168.000 en alternativas de desarrollo, un informe geotécnico de más de 100.000 euros y numerosos contratos menores.

Además, desde la coalición de izquierdas se apunta también a la falta de interés de inversores privados, la fragilidad del proyecto y el riesgo de impugnaciones a las licitaciones como posibles causas del retraso, y finalmente de abandono de la candidatura.