Fiscalía archiva el caso por la intoxicación alimentaria en Córdoba
El Ministerio Público recuerda que ya hay un expediente sancionar abierto por Salud
GRAFAND5891. CÓRDOBA, 16/01/2025.- Tablón de la taberna La Sacristía en la calle Moriscos de Córdoba que, según la organización de consumidores Facua, es el establecimiento cordobés donde se investiga que pudo producirse la intoxicación alimentaria que ha afectado a 44 personas tras la celebración de dos eventos el mismo día, un almuerzo y una cena, en el que se sirvieron los montaditos de pringá, que pueden ser el origen de la intoxicación. EFE / Rafa Alcaide / rafa alcaide (EFE)
La Sección de Civil y Consumo de la Fiscalía de Córdoba ha archivado las diligencias abiertas en relación con la intoxicación alimentaria ocurrida el pasado enero en la capital, que afectó a más de 40 personas y en la que falleció una de ellas, aunque no se ha determinado si este deceso guarda relación directa con el brote. El origen de la intoxicación estuvo, presuntamente, en el consumo de montaditos de pringá servidos por una taberna de la ciudad.
El Ministerio Público ha decretado el archivo del caso mediante resolución fechada el pasado 14 de julio, tras recibir los informes solicitados a las autoridades sanitarias. Según señala la Fiscalía, las diligencias preprocesales civiles se iniciaron en enero tras conocerse los hechos a través de los medios de comunicación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del brote y valorar si procedía iniciar algún tipo de acción judicial.
No se aprecian indicios de delito
Sin embargo, una vez analizada la información, la Fiscalía ha decidido no continuar con el procedimiento por vía penal, al no apreciar indicios de delito. La investigación, subraya el Ministerio Público, queda supeditada ahora al expediente administrativo que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía mantiene abierto contra el establecimiento, donde se detectaron “graves deficiencias”.
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Expediente sancionar de la Junta sigue adelante
El expediente tiene carácter sancionador y busca depurar posibles responsabilidades administrativas por las condiciones en las que se prepararon y sirvieron los alimentos el 4 de enero, día en que se produjo el brote. Según informó la Consejería de Salud en abril, los inspectores constataron que las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas podían suponer “un peligro con posible riesgo para la salud”, por lo que se propuso la incoación de dicho procedimiento.
Pese al archivo de las diligencias en Fiscalía, las personas afectadas por la intoxicación pueden aún emprender acciones civiles si lo estiman oportuno, según precisa el decreto de archivo. Mientras tanto, el proceso sancionador sigue en curso en el ámbito de la administración autonómica.
