El SEPE reclama a la UCA más de seis millones de euros por los cursos de Delphi

Cádiz

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha enviado a la Universidad de Cádiz una resolución en la que le reclama más de seis millones de euros tras considerar a la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA), ahora Fundación Universidad de Cádiz (FundUCA), responsable solidaria del fraude en la gestión de los cursos de formación para extrabajadores de Delphi. Esta medida evita que más de 400 beneficiarios del programa tengan que devolver de forma individual el dinero recibido, pero sitúa a la fundación y a la universidad en una situación financiera crítica. Sus responsables trabajan desde la semana pasada en un plan para formalizar un acuerdo de pago que haga frente a la reclamación sin comprometer su propia continuidad.

La reclamación se refiere a la subvención pública de 20,2 millones de euros concedida en 2011 por la Junta de Andalucía para contratar y formar a extrabajadores de Delphi, tras el cierre de la planta de Puerto Real. FUECA actuó como entidad gestora del programa, en colaboración con empresas del entorno industrial y con participación activa de organizaciones sindicales que intervinieron en la definición del modelo formativo. Sin embargo, años después, la Inspección de Trabajo detectó irregularidades y concluyó que no existió una relación laboral real en muchos de los casos, ya que las contrataciones eran meramente instrumentales para justificar las ayudas.

El caso derivó en una cascada de resoluciones administrativas, procedimientos judiciales y una causa penal todavía abierta. En enero de 2025, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar por fraude de subvenciones, prevaricación y malversación al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, y al exrector de la UCA, Diego Sales, entre otros técnicos y responsables.

Mientras se dirime la responsabilidad penal, el SEPE ha optado por reclamar el reintegro de una parte sustancial de la ayuda a la Universidad de Cádiz como entidad matriz de la fundación. Eran cantidades que se habían reclamado estos años a los trabajadores, pero la entidad estatal, en una resolución enviada la pasada semana, ha optado por reclamar finalmente a la fundación universitaria en su calidad de "responsable solidaria", para evitar el colapso personal de los beneficiarios, algunos de ellos ya fallecidos, cobrando su pensión (inembargable) y otros sin capacidad económica para devolver las cantidades recibidas.

La delicada situación financiera que atraviesa FundUCA queda reflejada en el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2024, elaborado por Esponera Auditores. En él se advierte de una “incertidumbre material relacionada con la continuidad de la entidad”, ya que la fundación presenta fondos propios negativos por valor de 4,99 millones de euros. Según el documento, este déficit se debe en gran parte a “resoluciones adversas” relacionadas con subvenciones ejecutadas años atrás, entre ellas las correspondientes al programa Delphi.

El informe detalla que el perjuicio económico ya cuantificado asciende a 3.049.177,14 euros, distribuidos de la siguiente manera: 2.625.420 euros por sanciones impuestas y abonadas; 257.939,67 euros por intereses derivados del aplazamiento solicitado para afrontar el pago; y 165.817,47 euros en honorarios profesionales derivados de la defensa jurídica y la interposición de recursos administrativos y judiciales.

A ello se suma una provisión contable de 5,13 millones de euros registrada ya en las cuentas de 2020, como previsión de los procedimientos de reintegro iniciados por el SEPE contra la fundación. Esta provisión se basa en una estimación media de 12.943,85 euros por trabajador, aplicable a los expedientes por responsabilidad solidaria que ya han sido formalmente iniciados. La cantidad finalmente reclamada en esta resolución es de algo más de seis millones.

Según consta en la auditoría, las resoluciones judiciales favorables al SEPE han anulado sistemáticamente el derecho de los extrabajadores a las prestaciones por desempleo, y los recursos de casación interpuestos han sido inadmitidos, confirmando así la firmeza de las decisiones previas. La resolución enviada estos días es la que determina la reclamación directa contra FundUCA y habilita al SEPE para exigir el reintegro de las prestaciones directamente a la fundación como responsable solidaria.

"La semana pasada se recibió el requerimiento y, actualmente, la Fundación se encuentra en proceso de negociación con la administración para formalizar un acuerdo de pago en relación con la ejecución de la sentencia por la que se condena a los empleados de Delphi a devolver las prestaciones por desempleo y se condena como responsable solidaria a la Fundación", han explicado fuentes de la UCA.

Fuentes de la administración estatal han detallado que ya la semana pasada se mantuvo una reunión en Madrid para abordar este asunto en el Ministerio de Trabajo, del que depende el SEPE. Ya se ha convocado otro encuentro en los primeros días de septiembre para seguir avanzando en esta negociación. El Gobierno central también ha enviado esta resolución a la Junta de Andalucía, por ser la administración que impulsó aquellos cursos hace ahora casi 15 años.

Una de las cosas que deberá negociar la FundUCA es poder ser auxiliada por la propia Universidad para afrontar estos pagos, de ahí que el papel de la Junta, con competencias universitarias sea clave para autorizar este tipo de operaciones. De lo contrario, la fundación, que acumula años con datos en rojo, corre el riesgo de de desaparecer o someterse a una administración concursal que gestione su supervivencia. El patronato de la Fundación está presidido por el actual rector, Casimiro Mantell, y cuenta entre sus miembros con vicerrectores y personal de la UCA, del Consejo Social y un representante de los estudiantes.