El Defensor del Pueblo afea a la Junta su falta de transparencia con los vecinos del Cerro del Moro

El conflicto de la séptima fase de la barriada del Cerro del Moro, en Cádiz, suma un nuevo capítulo. El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución en la que acusa a la Junta de Andalucía de falta de transparencia y de información en el proceso por el que 67 familias deben abandonar sus viviendas para acceder a los nuevos pisos en régimen de alquiler durante 50 años.

Solo 18 familias se resisten a entregar sus casas. “Hemos aguantado la presión que la Junta ha ejercido sobre los más vulnerables”, denuncia Enrique Estévez, portavoz de los vecinos. “El resto se asustó ante medidas y promesas que o no son factibles legalmente o nunca se cumplirán”, añade.

El Defensor, en un informe fechado en junio de 2925, advierte de que esta opacidad administrativa “marca la diferencia entre una administración ética y una negligente” y reclama a la Junta “poner a las personas en el centro”, articulando soluciones dentro del marco legal que acerquen las viviendas a las condiciones prometidas.

Los vecinos aseguran que llevan meses esperando una reunión con el presidente Juanma Moreno Bonillo, que los remitió a la consejería, y también la mediación del alcalde de Cádiz, que todavía no se ha producido. Según Estévez, la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, les trasladó que “esto es lo que hay, o lo tomáis o lo dejáis”, una posición que va en contra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

El informe también insta a la Junta a revisar la tasación de las viviendas antiguas, informar con detalle de los contratos de alquiler y de los derechos sucesorios, y estudiar alternativas para quienes podrían acceder a un régimen de alquiler con opción a compra.