Denuncian el colapso en Málaga con más de tres mil contenedores de residuos de obras menores en las calles

Málaga

La Asociación de Transportistas de Contenedores de Málaga, ATCOMA, alerta de una situación crítica que afecta a la recogida y tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), especialmente los generados por obras menores, debido a la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma establece, en su artículo 30, la obligación de separar en origen los residuos por flujos de materiales (madera, plásticos, metales, yesos, residuos peligrosos, entre otros) con el objetivo de facilitar su reciclado o valorización. Así lo ha explicado el presidente de esta patronal, José Báez, y que representa a más de 250 asociados, en una entrevista concedida a SER Málaga.

En la práctica, los residuos de las obras menores que se realizan en viviendas, locales o bajos comerciales son depositados de forma descontrolada en los contenedores, permaneciendo periodos incluso de semanas en la vía pública, haciendo que otras personas arrojen residuos ajenos a la obra para la que fue contratado, práctica habitual durante años que ahora choca con la aplicación estricta de la ley.

Desde el día 1 de agosto, por causa de la entrada en vigor de esta normativa, las plantas de tratamiento de RCD en Málaga y alrededores han dejado de aceptar residuos mezclados, en cumplimiento de las directrices de la Junta de Andalucía, autoridad competente en esta materia. Esta decisión ha provocado un bloqueo total del servicio de recogida por parte de las empresas transportistas, que se ven sin opciones viables para cumplir la ley ni para continuar su actividad sin infringirla.

La situación pone en riesgo tanto la viabilidad económica de estas empresas como el funcionamiento urbano cotidiano, pues no existen instalaciones accesibles en un radio razonable que permitan gestionar estos residuos. Los traslados forzosos a plantas situadas en otros municipios o ciudades no son una solución sostenible ni asumible: suponen un sobrecoste económico, un aumento de emisiones contaminantes y una pérdida de eficiencia logística.

El crecimiento económico que Málaga ha experimentado en los últimos años es indiscutible: auge tecnológico, turístico, comercial y especialmente expansión del sector de la construcción. Sin embargo, la infraestructura de gestión de residuos no se ha desarrollado al mismo ritmo. La ciudad carece de instalaciones suficientes para tratar o eliminar la gran cantidad de residuos que se generan, especialmente en el ámbito privado.

A ello se suma la falta de control efectivo por parte de las administraciones. Basta recorrer las calles para observar contenedores saturados que incumplen la normativa, sin tapar, excediendo su capacidad hasta tres veces por encima del límite legal, y mezclando residuos incompatibles. Es habitual encontrar yesos, escayolas, plásticos, maderas, y residuos peligrosos como fibrocemento, tubos fluorescentes o envases contaminados, lo cual está expresamente prohibido por la ley vigente.

La ordenanza municipal obliga, además, a limitar la carga hasta el borde y tapar los contenedores cuando no haya actividad en obra, algo que rara vez se cumple. El resultado es una ciudad que se enfrenta a una acumulación creciente de residuos con una gestión paralizada por falta de alternativas técnicas y legales.

La situación se reproduce también en el ámbito comercial. Muchos negocios y centros siguen mezclando en origen residuos como plástico, cartón, madera o textiles, sin posibilidad de una gestión eficaz posterior, especialmente si están manchados, húmedos o contaminados con tierra.

ATCOMA representa a 34 empresas que recogen y transportan una media de 46.800 toneladas mensuales de residuos, lo que equivale a 561.600 toneladas anuales. Esta actividad da empleo directo a 250 personas en Málaga. La paralización del servicio pone en peligro no solo estos puestos de trabajo, sino también el equilibrio ambiental y la imagen urbana de la ciudad.

Además, incluso cuando las constructoras sí segregan correctamente los residuos, no existen plantas en menos de 150 km que los acepten. Es el caso, por ejemplo, del yeso laminado, que solo puede eliminarse en vertederos controlados si no se destina al fabricante original. Lo mismo sucede con el PVC, un material sin reciclaje disponible localmente. Los plásticos o cartones manchados también carecen de destino autorizado.

El resultado es que muchas empresas se están viendo forzadas a detener su actividad. Hay que recordar que estos residuos deben ser gestionados por vías privadas, no por la empresa municipal LIMASAM, que, conforme a la Ley, se dedica exclusivamente a la recogida de residuos domésticos.

La situación se volverá insostenible en los próximos días, coincidiendo con la Feria de Málaga, uno de los eventos con mayor impacto en la generación de residuos del año. A ello se sumará en septiembre la reactivación masiva del sector de la construcción, lo que provocará una acumulación sin precedentes de residuos en las calles si no se permite su recogida y tratamiento de forma inmediata. La ciudad no puede afrontar este doble reto sin una solución estructural que permita compatibilizar el cumplimiento normativo con la operativa real del sector.

De esta forma, ATCOMA incide en que sus empresas necesitan seguir trabajando, y que una ciudad como Málaga no puede permitirse la acumulación de residuos en sus calles y negocios sin retirada diaria. Es un hecho que existe una carencia de instalaciones de gestión de residuos en la ciudad, con capacidad suficiente para reciclar y, cuando esto no es posible, eliminar, la gran cantidad de residuos generada en el municipio.

La Ley hay que cumplirla, y así se ha trasladado a los productores y generadores de residuos. El problema es que no existen instalaciones que permitan cumplir los preceptos recogidos en la Ley. La entrevista, al completo, con José Báez se puede ya escuchar en la parte superior de esta información.