Agaden rechaza la instalación de una nueva planta de baterías en Tarifa
Se pretende una planta de almacenamiento de 200 MW y más de 800 MWh de capacidad
Molinos del parque eólico de Tarifa / RA
Agaden–Ecologistas en Acción ha anunciado su intención de presentar alegaciones al proyecto S.T. Palmosilla, una planta de almacenamiento de energía con baterías proyectada en Tarifa.
El colectivo ecologista explica que ha solicitado ser reconocido como parte interesada en el expediente del proyecto, al que presentará alegaciones por considerarlo “una grave amenaza para el Valle de la Luz en Tarifa”.
El proyecto, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz el 12 de agosto, plantea la construcción de una planta de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 200 MW y más de 800 MWh de capacidad, ya autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La instalación, añade Agaden, se ubicaría en el puerto de la Cruz, “a escasos metros del santuario de la Virgen de la Luz, un enclave histórico, cultural y espiritual para la comarca”. La infraestructura ocuparía casi 100.000 metros cuadrados y contaría con unas 756 baterías de gran tamaño, lo que supone, según el grupo ecologista, “un paso más en la industrialización del Valle de la Luz, con graves repercusiones ambientales, sociales y culturales”.
En ese sentido, advierten de que “no se están teniendo en cuenta los efectos acumulativos de otros proyectos similares que ya están en tramitación”.
Señala que, “lejos de ser una solución verde, estas macro-instalaciones conllevan impactos reales”, como los “riesgos ambientales asociados a la minería de litio, níquel y cobalto”; el “elevado consumo de recursos y falta de planes claros de reciclaje”; el “ruido constante de los sistemas de refrigeración que afectará a la vecindad y a la fauna”; y la “generación de residuos peligrosos y riesgos de incendios de difícil extinción”.
Agaden anuncia que presentará alegaciones para que el Ayuntamiento de Tarifa deniegue la licencia de obras y solicitará al Miteco la paralización del proyecto en su ubicación actual, el estudio de alternativas en zonas degradadas y un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) riguroso.
Subraya la entidad que “la transición energética no puede basarse en sustituir la dependencia fósil por una nueva dependencia minera y tecnológica”, por lo que exige “una planificación seria que no hipoteque el futuro económico, social y natural de Tarifa”.
