La odisea de conseguir un taxi adaptado en Málaga: esperas de más de tres horas

Málaga

Rosa, madre de un joven con gran discapacidad, vivió hace unos días una situación que califica como “desesperante”. Tras una cita en una ortopedia, tuvo que esperar más de tres horas y media para conseguir un taxi adaptado en la capital malagueña.

“Estábamos dentro de un establecimiento con aire acondicionado, por suerte, porque hacía un calor insoportable. Mi hijo tiene un 51% de escoliosis y tuvo que permanecer casi cuatro horas sentado en su silla”, relata Rosa. La madre asegura que incluso las trabajadoras del local intentaron ayudar sin éxito: “Llegué a pensar que tenía que llamar a la policía porque no sabía cómo salir de allí”.

Su testimonio refleja un problema que se repite. Alfredo de Pablos, coordinador de Málaga Accesible, entidad que agrupa a 87 asociaciones de pacientes y personas con discapacidad, lo confirma:

“Hay unos 88 taxis adaptados en la ciudad, pero la gran mayoría no nos atienden. De esos, solo 16 están adscritos a una emisora. Los demás trabajan en aeropuertos, estaciones y para grupos turísticos porque es más rentable”, explica.

Según De Pablos, la situación se debe a un modelo fallido: la mayoría de taxis adaptados son furgonetas de gran capacidad, pensadas para transportar grupos, y los conductores priorizan el turismo antes que los usuarios con movilidad reducida, a pesar de que tienen la obligación de atenderlos.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que este verano ha iniciado los trámites para crear 60 nuevas licencias de taxi accesible en los próximos cuatro años, con vehículos más pequeños (5+1 plazas) y la financiación de su adaptación. Sin embargo, De Pablos advierte que “son medidas a largo plazo y no resuelven el problema inmediato ni controlan a los taxis que incumplen su compromiso”.

Mientras tanto, Rosa se enfrenta a la misma incertidumbre: en unos días tendrá que volver a la ortopedia con su hijo. Alfredo le ofrece su ayuda, pero lanza un mensaje claro: MM“Es un derecho, y se está vulnerando por un interés económico. Es inasumible que no haya medidas coercitivas. Somos un colectivo discriminado”.

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