En Campillos, más del 20% de las víctimas exhumadas son mujeres, una cifra inédita en las fosas de la Guerra Civil que existen en la provincia de Málaga

Las excavaciones realizadas este verano en el cementerio municipal de Campillos (Málaga) han permitido recuperar los restos de 73 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, en el marco de un proyecto impulsado por la Universidad de Málaga (UMA) y financiado por la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El hallazgo no solo resulta relevante por el número de víctimas, sino por un dato excepcional: más del 20% de las personas exhumadas eran mujeres, una proporción que, según los arqueólogos responsables del proyecto, se sitúa muy por encima de la media habitual en fosas de este periodo histórico, que suele oscilar entre el tres y el cinco por ciento.

Este hecho convierte las exhumaciones de Campillos en un caso de estudio único dentro del conjunto de investigaciones abiertas en la provincia de Málaga.

La violencia contra las mujeres y la huella de la represión

Dos de los expertos responsables que han estado coordinando los trabajos en Campillos este verano, han pasado por los micrófonos del programa Hoy por Hoy Málaga para valorar los hallazgos y la labor realizada. Andrés Fernández y María José Berlanga han contado que la elevada presencia femenina en las fosas podría estar relacionada con la especial dureza que alcanzó la lucha de clases en la localidad, así como con episodios de represalias contra madres, esposas o hijas de hombres perseguidos. Muchas de estas mujeres, de entre 20 y 40 años, fueron ejecutadas no por su militancia activa, sino por su parentesco con maridos, hermanos o padres perseguidos por su vinculación republicana. Ya puedes escuchar la entrevista con el equipo técnico.

Los cuerpos que han desenterrado muestran signos claros de violencia extrema: impactos de bala, fracturas por golpes, y posiciones forzadas derivadas de haber sido arrojados apresuradamente a zanjas abiertas. El lugar elegido para las ejecuciones y enterramientos no fue casual: según los arqueólogos, situar la fosa junto a la entrada principal del camposanto buscaba un efecto ejemplarizante y de escarnio público, una cicatriz que marcó durante décadas la memoria colectiva de la localidad. De hecho, hay testimonios de familiares que durante años evitaron entrar al cementerio para no pisar inadvertidamente el lugar donde yacían sus seres queridos.

Junto a los restos se han recuperado objetos personales que narran fragmentos de vida: tijeras asociadas a una mujer, cucharas de presos, monedas que revelan ejecuciones sin registro previo, e incluso un crucifijo hallado sobre una víctima. Estos pequeños elementos aportan claves fundamentales sobre la cotidianidad de quienes fueron asesinados y las condiciones de su ejecución.

Más de un centenar de familias han aportado ya muestras biológicas que se conservan en la Universidad de Granada, institución encargada de realizar los cotejos de ADN con los fragmentos óseos recuperados. El objetivo es devolver la identidad a las víctimas y garantizarles un entierro digno. “La arqueología nos exige todo el rigor metodológico, pero a la vez tenemos delante a familiares que esperan respuestas. Nuestra labor científica se cruza necesariamente con una dimensión emocional y de justicia histórica”, subrayó la profesora Berlanga.

En el inicio de los trabajos, fueron precisamente descendientes de las víctimas quienes dieron la primera palada simbólica de tierra, un gesto cargado de emoción colectiva según ha contado el arqueólogo Andrés Fernández. “Lo que hacemos no es abrir heridas, sino cicatrizarlas. Devolvemos humanidad a quienes fueron arrojados como si fueran nada, y damos paz a familias que han esperado toda una vida para este momento”, manifestó Fernández, director de la excavación. Los estudiosos también explicaron que han contado en esta primera fase con la colaboración activa de familiares y vecinos del municipio.

La magnitud de la fosa sugiere que el número final de víctimas podría superar las 150, una cifra muy superior a las 127 personas documentadas hasta ahora en los archivos. Paralelamente, el equipo continúa el cotejo de ADN con más de un centenar de muestras recogidas entre descendientes, con la esperanza de lograr la identificación de los fallecidos y devolverles un entierro digno después de casi 90 años.

Un proyecto con más fases pendientes

Los trabajos de este verano constituyen solo la primera etapa. Con el apoyo del Ayuntamiento de Campillos, el equipo espera retomar las excavaciones en 2026, posiblemente en primavera, para continuar con la apertura de nuevas zonas del cementerio.

Paralelamente, ya se están diseñando futuras prospecciones en otros municipios de la provincia, como Colmenar, donde también se documenta la existencia de fosas. El proyecto de Campillos, financiado con 30.000 euros, no solo es una investigación académica, arqueológica y científica, sino también una tarea de reparación y memoria.

Con la previsión de continuar en 2026 con nuevas fases en Campillos y en otros municipios como Colmenar, los arqueólogos y familiares insisten en que cada fosa abierta constituye un paso más en la construcción de una memoria democrática colectiva, y en la dignificación de miles de andaluces que todavía permanecen sepultados en el silencio.

Andalucía, epicentro de las exhumaciones en España

El caso de Campillos debe enmarcarse en la brutal represión que sufrió la provincia de Málaga, una de las más castigadas durante la guerra y la dictadura. Y es que la memoria histórica sigue marcada por episodios como la “Desbandá”, la masacre perpetrada en febrero de 1937 durante la huida de miles de civiles por la carretera de Málaga a Almería, y por la existencia de centenares de fosas comunes extendidas por la geografía malagueña.

El antiguo cementerio de San Rafael, en la capital, es considerado la mayor fosa de España, donde fueron enterradas miles de víctimas republicanas. A día de hoy, según el arqueólogo Andrés Fernández, en la provincia de Málaga solo se habría intervenido aproximadamente en un 30% de las fosas localizadas, lo que da cuenta de la magnitud de lo que aún queda por recuperar.

En el contexto andaluz, la comunidad concentra el mayor número de fosas comunes de todo el país. El Mapa de Fosas de Andalucía recoge la existencia de cerca de 700 fosas documentadas, con alrededor de 45.000 víctimas potenciales en todo el territorio. Municipios como Málaga, Sevilla, Granada o Córdoba fueron escenarios de una represión especialmente intensa.

Los trabajos de exhumación en Campillos forman parte del Plan Estatal de Exhumaciones y reflejan el impulso institucional que, aunque insuficiente en recursos según los propios investigadores, ha permitido en los últimos años recuperar restos en localidades grandes y pequeñas. La perspectiva de futuro pasa por intensificar los proyectos en municipios que aún no han contado con intervención alguna y por garantizar el cotejo de ADN que permita devolver un nombre y una historia a cada víctima.