Caso Infraestructuras: Fiscalía pide 5 años de prisión para un técnico del ayuntamiento y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área

Córdoba

La Fiscalía provincial de Córdoba ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 4 el primer avance de sus conclusiones acerca de la investigación abierta sobre varios contratos realizados por el Ayuntamiento de Córdoba durante el año 2020, como parte de un plan de reactivación económica por los efectos de la pandemia de la Covid-19. Para el Ministerio Público, no cabe duda de que se produjo un fraccionamiento de grandes contratos para convertirlos en contratos menores, sometidos a menor supervisión.

La propuesta provisional de acusación, a la que ha tenido acceso Radio Córdoba-Cadena SER, pide para el exdirector del área de mantenimiento de edificios y colegios una pena de 5 años de prisión, 14 años de inhabilitación para tener un empleo público y una multa superior a los 12.000 euros. De igual forma, se solicita que se impongan 14 años de inhabilitación para tener un cargo o un empleo público a la excoordinadora del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento.

Es una de las partes del conocido como 'Caso Infraestructuras' en la que, concretamente, se han analizado dos expedientes de suministro de máquinas de climatización para dos centros cívicos cordobeses. Dos empresas sin relación previa con el Ayuntamiento de Córdoba —algo que se suele valorar positivamente en contratación menor— y con sede en Granada ganaron los pliegos, después haber sido supuestamente invitadas a concurrir directamente por el técnico encausado. Ambas incluso presentaron una oferta manuscrita "con la misma letra", reza el escrito de acusación.

Para la Fiscalía, el técnico municipal "contactó con empresarios conocidos suyos, incluyendo a personas con quien tenía amistad, para que realizasen ofertas y así quedarse con los contratos". El funcionario habría tramado con estos empresarios un modus operandi que diese apariencia de legalidad a un procedimiento irregular de fraccionamiento de contratos, todo ello bajo supuesto conocimiento de la coordinadora del área. Ambos incluso ignoraron informes desfavorables —elaborados por otros departamentos del propio Ayuntamiento— sobre la adjudicación de ciertas actuaciones a las empresas investigadas.

Los dos contratos de iluminación de Avenida de Libia suman un total de 96.505 euros, pese a que una auditoría ha tasado su valor real en 77.586 euros. Por la climatización de centros cívicos, el Ayuntamiento pagó 95.100 euros por unos trabajos que un informe pericial cifran en 76.344 euros de valor

El Ministerio Público también desmonta en su escrito provisional algunos de los argumentos que podrían plantear las Defensas de los acusados. Y cita como ejemplo que "en la Memoria del proyecto de los centros cívicos se justifica que el contrato no se publicase en la Plataforma de Contratación Pública con que 'hay pocas empresas del sector cualificadas para realizar estos trabajos', pese a que los mismos no sean especialmente complejos".

Es la misma evaluación que hace la Fiscalía sobre las obras de iluminación de la Avenida de Libia. Aquí, la supuesta trama habría sofisticado su proceder: a la hora de redactar las ofertas de contratación, el técnico de Infraestructuras habría omitido el nombre de la Avenida y la habría dividido en dos tramos consecutivos en los que había que poner farolas. Así, sacaba dos concursos distintos. Cada uno de ellos, rozando los 40.000 euros, el límite que puede tener un contrato menor de obras.

Así, se ha evaluado el proyecto presentado por las empresas adjudicatarias —una de ellas también se 'llevó' uno de los contratos de climatización de centros cívicos— concluyendo que "son prácticamente copia exacta el uno del otro".

Es más, en el espacio de avenida que no estaba incluido en ninguno de los dos contratos también se colocaron tres farolas, con la curiosidad de que en el primer expediente de contratación "se presupuestaron 18 puntos de luz y en los planos del proyecto solo había 17; y en el segundo expediente se presupuestaron otros 18 puntos de luz pero en los planos se hicieron constar 16". La diferencia, apunta la Fiscalía, "son tres luminarias que se colocaron en el tramo intermedio no reflejado en la contratación". Y es que si un pequeño tramo de la avenida hubiera quedado sin iluminar, habría sido muy evidente que la obra pública era defectuosa.

El relato del Ministerio Público apunta además a que las actas de recepción de las obras fueron firmadas por el técnico municipal investigado mientras se encontraba "de vacaciones". Y se entregaron sin terminar. El Ayuntamiento certificó que las actuaciones habían concluido a fecha 30 de diciembre de 2020, "lo que todos conocían que no se correspondía con la realidad", dice el escrito de acusación. Y es que este movimiento era crucial, pues no se podían cargar al presupuesto municipal del año 2020 unas obras que no estuvieran terminadas y recibidas por el consistorio.

CUATRO EMPRESARIOS INVESTIGADOS

La Fiscalía provincial señala también a los administradores de las tres empresas adjudicatarias como cooperadores de un delito de prevaricación, por lo que solicitará al juez que imponga 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo. Además, los considera autores directos de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama una pena de dos años de prisión y una multa de 5 meses a razón de 15 euros al día.

A un cuarto empresario investigado solo lo considera cooperador del delito de falsedad de documento oficial, por lo que el Ministerio Público reclama la imposición de dos años de prisión.

RECOLOCACIÓN DEL TÉCNICO INVESTIGADO:

Según ha podido saber La SER, en un movimiento reciente, el Ayuntamiento de Córdoba ha apartado al técnico municipal encausado de sus funciones en la delegación de Infraestructuras, para encargarle una nueva responsabilidad en el departamento de Protección Civil. Fuentes municipales apuntan a que en ese nuevo puesto no tendría capacidad para gestionar contratos públicos.