ACAIP alerta sobre agresiones y falta de recursos en la prisión Sevilla II

Morón de la Frontera

La situación en la prisión Sevilla II ha generado preocupación tras varios episodios de agresiones físicas y sexuales a trabajadores en los últimos meses. Así lo denunció Joaquín Leiva, portavoz de ACAIP (Asociación Profesional de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias), en una entrevista en Radio Morón, donde alertó sobre la necesidad de revisar las condiciones laborales, la seguridad y los protocolos del centro.

Escalada de agresiones y conflicto diario

Leiva describió el ambiente en Sevilla II como “complicado”, con un aumento de la conflictividad interna y una respuesta insuficiente por parte de la dirección del centro. Entre los incidentes recientes se incluyen agresiones sexuales a trabajadoras, ataques físicos con estrangulamientos y fracturas, y otras situaciones de violencia que la Administración intenta minimizar.

“Cada día es como entrar en un territorio comanche; nunca sabes qué puede pasar, y eso desgasta psicológicamente a los trabajadores”, afirmó Leiva.

El portavoz explicó que la violencia afecta al desempeño diario de los trabajadores, la convivencia interna y la eficacia de los programas de reeducación y reinserción, alterando el ecosistema del centro.

Funciones y riesgos de los trabajadores penitenciarios

Leiva subrayó que la labor penitenciaria abarca un amplio espectro de tareas, desde vigilancia hasta funciones administrativas, educacionales y tratamentales. Cada función implica riesgos distintos debido al contacto directo con internos, incluyendo enfermos mentales y personas con conductas violentas.

“El 80% de las actividades en prisión son normales y sin riesgo, pero el 20-25% restante implica internos inadaptados o con problemas de salud mental, que requieren medios humanos y materiales adecuados”, explicó.

Destacó que la percepción social de las prisiones suele estar distorsionada por el cine, la televisión o el morbo mediático, lo que invisibiliza la complejidad del trabajo diario de los funcionarios.

Escasez de personal y heterogeneidad de la población reclusa

Según ACAIP, la relación de puestos de trabajo en Sevilla II no refleja la realidad actual. Aunque el déficit oficial es del 8%, las ratios funcionario-preso, establecidas en los años noventa, no contemplan la diversidad cultural, religiosa y de salud mental de los internos, muchos de ellos medicados y con necesidades específicas.

“Antes dos trabajadores podían atender a un mayor número de internos homogéneos; ahora, con tanta diversidad, se requiere más personal para garantizar la seguridad y los programas individuales”, indicó Leiva.

El centro también presenta un déficit del 72% de personal médico, lo que dificulta la atención integral de la población reclusa y aumenta la carga sobre los funcionarios.

Protocolos obsoletos y necesidad de formación

Los protocolos de prevención de agresiones se consideran desfasados, especialmente ante el aumento de incidentes desde 2021.

Leiva reclamó formación en resolución pacífica de conflictos y actuación ante violencia, así como apoyo psicológico continuado, recurso que actualmente no se contempla en los protocolos.

“Si un jugador de fútbol se lesiona y no recibe atención médica sería impensable; sin embargo, nosotros no contamos con apoyo psicológico tras una agresión”, denunció.

Reconocimiento legal y respaldo administrativo insuficientes

El portavoz criticó la lentitud en implementar mejoras salariales y estructurales aprobadas en 2023 y la falta de reconocimiento como agentes de la autoridad, pese al amplio consenso parlamentario.

“Nos sentimos ninguneados por los máximos dirigentes; somos nosotros quienes debemos visibilizar las carencias del sistema para que se actúe”, aseguró Leiva.

Leiva destacó que los trabajadores deben asumir la visibilización de los problemas porque la Administración no realiza un diagnóstico realista de las necesidades del centro, lo que genera frustración y sensación de desamparo.

Impacto social y reinserción de los internos

El portavoz subrayó que garantizar derechos, recursos y seguridad a los trabajadores penitenciarios no solo protege al personal, sino que también es esencial para la reinserción social de los internos y la seguridad de la sociedad en general.

“Si no actuamos sobre cada elemento del ecosistema penitenciario, los internos saldrán con las mismas carencias con las que entraron o peores, y eso es un riesgo para la sociedad”, concluyó.

Leiva insistió en la importancia de apoyar y visibilizar la labor de los funcionarios, así como de adecuar protocolos, personal y formación a la realidad actual de los centros penitenciarios.