El TSJA reconoce que la baja por depresión de un subinspector de la Policía Nacional en Córdoba se produjo 'en acto de servicio'

Córdoba

Un subinspector de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba acaba de ganar la primera batalla de la guerra legal que mantiene abierta contra la Dirección General de la Policía para exigir que se reconozca el daño moral que sufrió por el presunto acoso cometido por el que fuera inspector jefe la unidad en Córdoba.

Por el momento, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la que ha tenido acceso la Cadena SER, reconoce que las patologías psicológicas sufridas por el subinspector demandante se produjeron "en acto de servicio o con ocasión del mismo". El agente ha acreditado en el procedimiento "trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor" a través de sendos informes médicos en los que especialistas en psiquiatría concluían que "el trastorno que sufre no tiene otro origen que la situación de acoso y estrés laboral, sin que haya antecedentes o rasgos de personalidad que predispongan para estas afectaciones".

En la práctica, el reconocimiento que hace el TSJA supondrá para subinspector el cobro de los complementos salariales —una cuantía cercana a los 4.000 euros— que le fueron denegados durante los 11 meses que estuvo de baja por depresión. Además, la sentencia sienta las bases para otro procedimiento judicial todavía pendiente, en el que el policía reclamará al Ministerio del Interior una compensación por vulneración de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y exigirá responsabilidades disciplinarias.

Esta última petición será algo más compleja, pues quien ocupó el cargo de Jefe de la Policía Adscrita en Córdoba desde 2016 se encuentra hoy jubilado. Sin embargo, el demandante escala en la cadena de mano a la hora de exigir responsabilidades: asegura que informó de situaciones anómalas con el jefe provincial al comisario jefe de la unidad adscrita a la Junta de Andalucía —máximo responsable—, Antonio Burgos, sin que este actuase.

El subinspector ha contado con la asistencia letrada del sindicato JUPOL, que en la demanda original advirtió de que "el jefe provincial protagonizó acontecimientos con la mayoría de la plantilla de forma constante, por dirigirse hacia ella con un trato despectivo, lenguaje soez e insultante". Con todo, la Sala ha tenido en cuenta que un informe interno de la Policía adscrita recogió "un deterioro de las condiciones de trabajo en aproximadamente un tercio de la plantilla de la Unidad en Córdoba, concretándose esto en las relaciones personales de trabajo [...], lo que se refleja además en los indicadores de malestar emocional y el incremento de los niveles de ansiedad generalizada en el contexto laboral".

Ese informe interno, que requirió la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo Nacional de Policía, apreciaba la "existencia de riesgo psicosocial en una parte de la Unidad evaluada", aunque con el matiz de que "dicho riesgo no se aprecia en la totalidad de la plantilla". Esa posibilidad de daño psicológico podría venir dado por "cambios continuos en las órdenes, un entorno laboral tóxico, faltas de respeto por parte de los mandos, comentarios despectivos hacia los subordinados o formas inadecuadas de comunicar las tareas", según reza el texto judicial.

También ha valorado el TSJA un informe del Servicio de Salud de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que se refleja que "en el entorno en que presta servicio el subinspector concurren situaciones que, afectando a parte de la plantilla, vienen a ser indicativos de una situación de deterioro en las relaciones laborales". Por ello, admite ese dosier, si las situaciones que describe el policía demandante fueran reales, podrían "ser responsables parcialmente" de la ansiedad y la depresión del agente "con la necesaria concurrencia de otros factores". Es decir, que admite el mal clima de trabajo de la Unidad en Córdoba, pero no lo considera suficiente para, por sí mismo, causar una baja por depresión.

Sin embargo, el Tribunal se muestra contundente a la hora de asegurar que "el demandante prestaba los servicios propios de su condición de funcionario en el marco de una relación laboral inapropiada para su normal desarrollo y que, si bien faltan elementos para calificarla como la propia del acoso laboral practicado por un superior, sí que es consecuencia de una especial mala relación entre ambos funcionarios donde, la conducta del Inspector Jefe da lugar a que el subinspector sufra un cuadro de estrés laboral desencadenante de las patologías que justifican su baja laboral".