El Supremo rebaja la inhabilitación a la ex alcaldesa de Manilva por contratar a 749 personas a dedo

Marbella

El Tribunal Supremo ha rebajado de 9 años a 6 años y 4 meses la inhabilitación para empleo o cargo público impuesta a la exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, por un delito de prevaricación administrativa derivado de la contratación de 749 personas en la administración pública sin ningún proceso selectivo.

La Audiencia de Málaga consideró probado que en el tiempo que Muñoz estuvo de alcaldesa por IU utilizó dos sociedades municipales para contratar al personal del Ayuntamiento “prescindiendo de todo procedimiento legal, sin proceso de selección, sin atención a los recursos, principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, simplemente eligiendo de forma personalista a aquellos que la alcaldesa decidía contratar", señalaba la Audiencia.

Asesor jurídico

En 2008 fue contratado el otro acusado en esta causa como asesor jurídico del Ayuntamiento, "siendo igualmente realizado el contrato prescindiendo de cualquier proceso de selección, sin atender a los principios de igualdad mérito o capacidad", según consideraba la sentencia.

Así, se entendía que este procesado, "conociendo, dada su condición de letrado y su experiencia municipal, la ausencia de procedimiento y la falta de adaptación a la legalidad, consistió en esa forma de contratación, por lo que fue condenado por el mismo delito de prevaricación administrativa a 21 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Recursos

Contra esta sentencia, las defensas de los acusados presentaron recursos ante el Supremo, tribunal que ha desestimado de forma íntegra el presentado por el asesor jurídico, confirmando la pena impuesta inicialmente; mientras que ha estimado parcialmente dos de los argumentos del letrado de la exalcaldesa, en este caso, sobre la pena impuesta.

El Supremo corrige a la Audiencia y señala que debe tenerse en cuenta las dilaciones indebidas, el carácter continuado del delito y atender, igualmente, "al número de contrataciones de personal realizadas ilegalmente y al tiempo, cuatro años, en que Muñoz ostentó el cargo de alcaldesa durante el que llevó a cabo tales actuaciones ilegítimas", por lo que fija seis años y cuatro meses.

Rechaza el resto de argumentos, como la existencia de indefensión debido a la división del procedimiento en tres piezas diferentes, considerando el Supremo que esto "no alteró su naturaleza ni implicó tácitamente el sobreseimiento de las actuaciones. Tampoco supuso la retroacción del procedimiento". Asimismo, desestima la alegación relativa a la supuesta pérdida de imparcialidad del Tribunal.

Abuso de poder

Además, añade que los testimonios prestados por el secretario y la interventora del Ayuntamiento apoyan la conclusión de que la exalcaldesa "actuó al margen de todo procedimiento, circunstancia que no solo conocía, sino que le fue puesta de manifiesto" por estos, y que era "plenamente consciente del carácter arbitrario de las nuevas contrataciones que llevó a cabo al margen de cualquier procedimiento".

Considera, igualmente, que se trata "de un claro abuso de poder que conculcó el pilar básico de un estado de derecho, como es el sometimiento de los poderes públicos a la ley", de forma que procedió a "contratar a dedo a todos los trabajadores salvo a aquellos que serían fiscalizados por la comunidad autónoma por depender de subvenciones de la misma".

Una actuación que "ocasionó un resultado materialmente injusto". "No cabe duda de que existe un daño inmaterial constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellos deben merecerse, porque de custodios de la legalidad se convierten en sus primeros infractores, con efectos devastadores en la ciudadanía".