David Dorado asegura que "confiaba en los técnicos" y firmaba la documentación "sin leerla" en el juicio por el Caso Infraestructuras

Córdoba

El exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado (Cs), ha prestado declaración este martes en calidad de investigado ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por la causa que evalúa si se produjo un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato de alarmas para los colegios públicos de la ciudad.

Esta es la única causa contra Dorado dentro de las piezas del llamado 'Caso Infraestructuras' por presuntas irregularidades en los contratos realizados por la delegación durante la pandemia. En este caso, los hechos investigados se refieren a una contratación realizada en el año 2020 con la empresa EULEN para la prestación de ese servicio de alarmas. Un contrato que según la Fiscalía se realizó por un concejal sin superar los trámites y garantías necesarias.

"No existe informe jurídico del expediente, no figura el precio final del contrato, lo firmó un concejal cuando el órgano competente es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba y omitiéndose el proceso de licitación", ha relatado el representante del Ministerio Público, que reclama la imposición de una pena de 12 años de inhabilitación para el exconcejal por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La Defensa de Dorado, ejecutada por el letrado Carlos Arias, sostiene que el contrato "no es ilegal sino alegal" y sustenta su estrategia en que "no hay ni intencionalidad alguna por parte del acusado ni tampoco se produjo perjuicio económico alguno para el consistorio, como aclaró ante este Tribunal el propio alcalde de Córdoba". De hecho, el letrado admite que "podría investigarse el asunto desde el punto de vista de lo contencioso administrativo, pero no por la vía penal".

Arias ha recordado que el contrato original para la seguridad en los colegios se remonta al año 2018, cuando ganó el pliego la compañía SEGURIMAR, que a su vez, subcontrató a EULEN para el sistema de alarmas. "Subcontratación no autorizada en el pliego", ha enfatizado. Cuando ese contrato finalizó, SEGURIMAR aceptó una prórroga y, al concluir esta, se le ofreció una segunda, que también fue aceptada pero no ejecutada.

El propietario de la compañía manifestó en sede judicial que quería dejar de prestar el servicio en plena pandemia. Y aquí se realizó el contrato con EULEN, empresa que ya venía prestando ese servicio (aunque bajo el paragüas de SEGURIMAR). Atendiendo al relato de la Defensa "se salvó un servicio esencial de alarmas en un momento muy complejo"; y siguiendo el relato de la Fiscalía, se realizó a dedo, para un servicio que el Ayuntamiento ya tenía y eludiendo todos los protocolos necesarios para la contratación pública.

Preguntado por este contrato, David Dorado ha asegurado conocerlo a raíz de la investigación judicial que se abrió contra él, porque nunca lo revisó en su etapa como concejal. De hecho, al tiempo que ha asegurado que llegó a la política "con la ilusión de cambiar las cosas", ha admitido "firmaba la documentación de la delegación sin leérmela, porque tenía plena confianza en los técnicos". Además, ha concretado que "contaba con un botón para firmar electrónicamente todos los archivos que los técnicos me dejaban pendientes y lo utilizaba".

La Defensa del acusado esgrime esa confianza en los técnicos, así como el "nulo conocimiento de procedimientos de contratación" de Dorado como argumentos exculpatorios. Además, incide en que "si Dorado no era consciente de la existencia del contrato, no puede serlo de la presunta ilegalidad del mismo". Al respecto, Carlos Arias ha hecho hincapié en que "no hubo ningún beneficio personal para el acusado, se adjudicó a la empresa que venía prestando el servicio y no a una nueva y encima se hizo a un precio menor al que se ha hecho en una adjudicación posterior, también a EULEN, por los mismos servicios".

Para la Fiscalía, representada por Manuel Carlos Jiménez, "no es una explicación razonable asegurar que se firmaron contratos sin leer". Al respecto, ha puesto énfasis en que "cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades que firma algo es responsable de lo que firma, así como de sus consecuencias".

Durante el turno de intervención final que corresponde a Dorado por Ley como investigado en una causa penal, el que fuera concejal de Infraestructuras ha cargado contra el actual Jefe de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar, quien declaró en este juicio que "lo que se hizo con las alarmas de los colegios es una patada a la Ley de Contratación del Sector Público".

Aguilar es también el responsable de un informe de investigación interna que sirve de sustento a esta causa. David Dorado cree que hay inquina personal pues "cuando llegué a la delegación, varios empresarios del ámbito del alumbrado público me dijeron que había irregularidades con contrataciones por hasta 4 millones de euros, algo que denuncié", ha relatado, "y cuando descubrí que Miguel Aguilar había formado parte de esas mesas de contratación manifesté que o era un incompetente o había alguna intencionalidad, lo cual entiendo que le doliese".

Siguiendo esa línea, Dorado ha acusado al funcionario público de abusar de su poder y "emplear recursos públicos para perjudicarme". Es la última expresión que ha tenido el exconcejal antes de ser apercibido por el magistrado José Francisco Yarza, quien le ha pedido que "se limite a comentar hechos relacionados con el procedimiento", antes de dar el asunto como visto para sentencia.