CCOO alerta al Defensor del Pueblo Andaluz sobre la falta de personal en la UCI del hospital Clínico de Málaga
La central sindical alerta que faltan unos 17 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y unas 14 enfermeras para alcanzar las ratios establecidas por el Ministerio de Sanidad
Hospital Clínico / Málaga
Málaga
La delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, María Auxiliadora Moragues Ramos, ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para denunciar la situación de "sobrecarga laboral" que sufren las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería y el personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario.
Según el informe remitido, la UCI cuenta con 36 camas distribuidas en cuatro módulos, pero dispone únicamente de 36 TCAE y 86 enfermeras, "cifras que no cumplen los ratios recomendados por el Ministerio de Sanidad para unidades de nivel II".
El estándar ministerial "establece un ratio de 1 TCAE por cada 4 pacientes y 1 enfermera por cada 2 pacientes, lo que implicaría la necesidad de 53 TCAE y más de 100 enfermeras para el número actual de camas".
"A pesar de las reiteradas reuniones con la Dirección de Enfermería y la presentación de informes y denuncias —incluida una inspección de trabajo realizada en julio de 2025—, no se han adoptado medidas correctoras" apunta la central sindical.
El hospital malagueño presenta actualmente "un ratio TCAE/paciente de 1/6, muy inferior al de otros hospitales andaluces como el Regional, Valme, Puerta del Mar o San Cecilio, que mantienen el ratio 1/4".
El escrito también subraya "el riesgo psicosocial y el impacto que la falta de personal tiene sobre la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la salud mental y física de los profesionales. El exceso de carga laboral, unido a la ambigüedad de funciones y a las condiciones organizativas, está provocando estrés, agotamiento y aumento de bajas laborales entre las TCAE y el personal de enfermería".
Moragues solicita la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para que se evalúe la situación y se inste al Servicio Andaluz de Salud a adoptar medidas que garanticen los derechos laborales de los trabajadores y la seguridad de los pacientes, ajustando las plantillas a los estándares.
