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El Colegio de Arquitectos de Sevilla refuerza la transparencia en la contratación pública con sus Acciones COAS

Según explica Nuria Canivell, decana del COAS, estas acciones consisten en un análisis exhaustivo de los pliegos y expedientes publicados por las administraciones

El Colegio de Arquitectos de Sevilla refuerza la transparencia en la contratación pública con sus Acciones COAS

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El Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) desarrolla a lo largo del año una labor silenciosa pero esencial para la profesión: las Acciones COAS, un conjunto de actuaciones destinadas a garantizar que los concursos y licitaciones públicas vinculadas a la arquitectura se ajusten a la legalidad, sean justos y respeten el ejercicio profesional.

Según explica Nuria Canivell, decana del COAS, estas acciones consisten en un análisis exhaustivo de los pliegos y expedientes publicados por las administraciones. “Nuestro objetivo es doble: proteger los derechos de los arquitectos y arquitectas y, al mismo tiempo, favorecer la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público”, señala.

Cuando se detectan irregularidades —honorarios por debajo del mercado, criterios desproporcionados, plazos inviables o exigencias administrativas innecesarias— el Colegio actúa. “No es un trabajo de denuncia, sino de asesoramiento y defensa constructiva. Muchas veces la administración no pretende excluir a nadie, simplemente necesita orientación técnica”, añade Canivell.

El impacto de estas acciones es tangible: en lo que va de 2025, el COAS ha publicado 33 noticias relacionadas con Acciones COAS, aunque una misma licitación puede generar varias actuaciones. Algunas terminan en los tribunales, otras se corrigen de inmediato y muchas se resuelven mediante el diálogo. “En ocasiones basta con una carta para que se rectifiquen las bases, lo que supone una mejora real”, afirma.

Este trabajo, coordinado con la Asesoría Jurídica y otros colegios andaluces, busca que los concursos sean transparentes, equilibrados y orientados a la calidad. “Detrás de cada acción hay horas de análisis técnico y jurídico. Es un servicio esencial que dignifica la profesión y garantiza una arquitectura pública de calidad”, concluye Canivell.

 

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