Un subinspector de la Policía adscrita en Córdoba pide una indemnización por el "tóxico ambiente laboral" que le llevó a una baja

Córdoba

Un subinspector de la Policía Nacional ha demandado al Ministerio del Interior para ser indemnizado por los daños morales que presuntamente sufrió durante varios años de trabajo al servicio de la unidad adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía. El agente cordobés cuenta ya con el respaldo de una sentencia firme del TSJA, avanzada por La SER, en la que se reconoce que su baja médica por "trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor" durante un año se produjo "en acto de servicio".

Según el relato del demandante, durante varios años estuvo sometido a un acoso psicológico por parte del que fuera jefe de la unidad, hoy jubilado. Una situación de la que, asegura, informó a instancias superiores sin que se actuase. De hecho, en la demanda se incluye un informe interno de la Policía en el que se recogió "un deterioro de las condiciones de trabajo en aproximadamente un tercio de la plantilla de la Unidad en Córdoba" y que apreciaba "malestar emocional e incremento de los niveles de ansiedad".

Esta es la base de la estrategia marcada por el letrado Julio Méndez para asegurar que la Dirección General de la Policía (DGP) incumplió la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en materia psicosocial, así como sus protocolos internos para atajar situaciones de maltrato laboral. Así, reclama al estado una indemnización de 100.000 euros.

El pasado martes, un juzgado de lo Social de Córdoba celebró la vista oral por este asunto. Un juicio en el que estaba prevista la declaración como testigos de varios funcionarios de la unidad, del comisario jefe de la Policía Adscrita de Andalucía y del actual jefe provincial en Córdoba. Sin embargo, por cuestiones de agenda, ninguno de los mandos pudo asistir, lo cual dejó el juicio a punto de suspenderse, aunque las partes acordaron la renuncia a todos los testigos y esto permitió la celebración de la sesión.

El abogado del demandante ha recordado que tres sindicatos informaron acerca de actitudes "difíciles" del antiguo jefe provincial al comisario jefe y pidieron que se evaluase la situación que estaba sufriendo su representado. En ese momento, las organizaciones profesionales detallaron "cambios continuos en las órdenes, un entorno laboral tóxico, faltas de respeto por parte de los mandos, comentarios despectivos hacia los subordinados o formas inadecuadas de comunicar las tareas".

El agente me describió situaciones intolerables por parte de su jefe. Le causaron un trastorno depresivo mayor y un trastorno de ansiedad. No contemplo otra causa probable

—  Abel García, psicólogo forense que ha intervenido como perito de la parte demandante

Tras varias llamadas de atención que supuestamente no obtuvieron respuesta, el subinspector tuvo que abandonar su puesto con una baja médica. Según el psicólogo Abel García —que compareció en el juicio en calidad de perito—, "no había otra causa probable del trastorno depresivo que la situación que vivía en su trabajo". Fue entonces cuando la DGP activó una 'Evaluación de Riesgos Psicosociales'.

En las conclusiones de la misma, destaca que se apreció la "existencia de riesgo psicosocial en una parte de la Unidad evaluada", aunque con el matiz de que "dicho riesgo no se aprecia en la totalidad de la plantilla". Y también resaltaba que "el estilo de liderazgo de los superiores estipula un riesgo alto o muy alto".

Para la parte demandante, la administración debiera haber sido responsable de la seguridad del trabajador, pero pese a tener información que señalaba situaciones preocupantes, no actuó. El letrado Julio Méndez recuerda incluso otro incumplimiento de la Policía Nacional, "pues cuando mi cliente se reincorporó a su puesto tras un año de baja, no se le realizó una evaluación de su estado de salud".

La defensa de la Policía Nacional: "No hubo pasividad"

A la Dirección General de la Policía la ha representado en este procedimiento la abogada del Estado en la provincia de Córdoba, Carmen García. Durante su intervención, negó categóricamente que se produjese pasividad por parte de la administración, aunque no cuestionó que existiese un ambiente de tensión en la comisaría.

Así, ha puesto de relieve que "la Policía Nacional cumple la Ley, cuenta con protocolo contra el acoso y se realizan formaciones internas y seguimientos médicos voluntarios a los funcionarios que la integran". Y respecto a este caso concreto, García ha recordado que "se abrió un proceso de Información Reservada dentro del Cuerpo para evaluar el supuesto acoso, una cuestión de la que no se hablaba en las denuncias sindicales, que solo alertaban de 'mal ambiente laboral' y no de hostigamiento contra un agente".

De igual forma, la administración se vale de que acordó aplicar medidas disciplinarias contra el jefe de la Policía Adscrita en Córdoba. De hecho, la Policía Nacional planteó su traslado a la comisaría provincial del CNP para garantizar la distancia con el subinspector. Sin embargo, quien ocupaba el puesto más alto en la policía autonómica en la provincia se jubiló, por lo que esa medida correctora nunca llegó a aplicarse. La Policía Nacional archivó el asunto.

Con todo, Carmen García ha esgrimido en su labor de defensa que "si se produjo algún incumplimiento, no fue grave", por lo que considera la cantidad reclamada "muy excesiva". Al respecto, ha citado sentencias firmes en los que la Justicia ha dictaminado indemnizaciones de unos 10.000 euros.

El subinspector que ha llevado el asunto a los tribunales, apoyado por el sindicato JUPOL, espera ahora la resolución de su asunto, que ha quedado visto para sentencia. Y además, no descarta emprender acciones judiciales contra quien, según su relato, fue causante de su malestar psicológico durante años.