Los sindicatos denuncian caos organizativo en los nuevos tribunales de instancia de Málaga

Málaga

Los sindicatos judiciales CSIF y STAJ denuncian el caos organizativo y la falta de previsión en la implantación de los nuevos tribunales de instancia en los partidos judiciales de la Costa del Sol, dentro de la segunda fase del plan de reorganización judicial impulsado por el Ministerio de Justicia y gestionado por la Junta de Andalucía.

El portavoz de CSIF, Manuel Postigo, explica que la Administración ha cambiado por completo la forma de trabajar en los juzgados “sin inversión, sin previsión y sin medios”. Señala que “la Administración ha implantado un nuevo sistema que modifica la manera de tramitar los procedimientos y la forma de trabajar que se había mantenido hasta ahora, y que la implantación se está haciendo de forma abrupta, cambiando protocolos de un día para otro y sin tener en cuenta la carga real de trabajo”.

Hasta ahora, cada juzgado funcionaba con su juez, su letrado y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, esos órganos se agrupan en servicios comunes de tramitación y ejecución, además de un registro civil independiente. Eso implica que los funcionarios tramiten expedientes de varios jueces distintos y trabajen en una misma oficina judicial.

Postigo asegura que la implantación se ha hecho “sin planificación ni dotación de personal suficiente”. Afirma que “muchos compañeros están angustiados porque no saben cómo organizar su trabajo diario ni dónde están los procedimientos”. Indica que en Estepona, donde el tribunal de instancia comenzó a funcionar el 1 de julio, “se cesaron cinco refuerzos de golpe, el equivalente a quitar un juzgado entero”. En Marbella y Fuengirola también se han perdido entre cuatro y cinco plazas. En total, calcula que “entre 17 y 20 refuerzos han sido suprimidos en la provincia”.

Según el representante de CSIF, esto ha dejado los servicios comunes “mal dimensionados, con repartos de trabajo desiguales y sin recursos materiales suficientes”. Añade que “faltan espacios de trabajo, ordenadores y mobiliario, y que no se ha hecho ninguna inversión en infraestructuras”. Critica además la dispersión de sedes judiciales, especialmente en Estepona y Fuengirola, donde “los servicios comunes se reparten entre varios edificios”. Explica que “hay funcionarios de distintos servicios que trabajan separados, sin coordinación, y que ni siquiera se ha previsto un espacio adecuado para los servicios de guardia”.

La delegada provincial de STAJ, Ana Belén Andrés, coincide en que el nuevo modelo se ha puesto en marcha “sin planificación ni medios”, y advierte de su impacto directo en la jurisdicción penal. Afirma que “el problema deriva de una falta de previsión tanto de medios humanos como materiales, y que no se han organizado ni previsto ubicaciones físicas adecuadas para los servicios comunes”. Según explica, “los funcionarios están dispersos en diferentes edificios y despachos, lo que genera confusión entre los trabajadores, los ciudadanos y los profesionales”.

Andrés detalla que en Fuengirola “se han trasladado trece funcionarios del área penal al servicio común de ejecución civil”, lo que ha reducido a la mitad el personal que tramita causas graves como homicidios, violencia de género o causas secretas. Advierte de que “muchos procedimientos leves probablemente terminen prescribiendo por falta de tramitación”. Añade que “la plantilla está sometida a una gran presión y que hay un elevado nivel de ansiedad entre los funcionarios”.

Los sindicatos alertan de que la fase tres del plan judicial, prevista para el 31 de diciembre, puede llevar al colapso a la justicia andaluza si no se refuerzan los medios humanos y materiales. Esta fase afectará a las grandes capitales, Málaga, Sevilla y Granada, además de Jerez, Algeciras y Motril.

Andrés señala que “si no se ha logrado una implantación ordenada en tres partidos judiciales medianos, la situación en grandes sedes como la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde trabajan más de mil funcionarios, puede ser insostenible”. Por eso, los sindicatos reclaman una prórroga en la implantación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para poder planificar correctamente la transición y adaptar los sistemas informáticos.

Tanto CSIF como STAJ coinciden en que la reforma se está aplicando “a coste cero, sin diálogo ni negociación con los trabajadores”, y advierten de que “si no se corrigen los fallos detectados, el nuevo sistema provocará un caos generalizado en la justicia andaluza a comienzos de 2026”.